Las elecciones en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) ya están organizadas por completo. Con tres listas en competencia, se dividirá en dos fases: del 3 al 5 de noviembre sufragará el interior del país, en aquellas jurisdicciones sin Cámara Federal propia, y el 13 de noviembre lo harán las localidades que sí cuentan con Cámara Federal establecida.
Diario Judicial entrevistó a los candidatos para conocer sus principales propuestas.
Andrés Basso, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de la Capital Federal y actual presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional busca renovar su mandato.
En primer lugar, vamos a continuar con la firme postura institucional que hace más de dos décadas venimos manteniendo de rechazo ante los recurrentes intentos de los sectores políticos de los distintos gobiernos de turno de llevar adelante el traspaso de la justicia nacional.
Diario Judicial: ¿Cuál cree que es hoy el principal desafío que enfrenta el Poder Judicial en la Argentina?
Andrés Basso: Son varios los desafíos que enfrenta el servicio de administración de justicia en el país. Pero hay uno que es central y del que depende que el sistema judicial pueda funcionar mejor, y es que se puedan cubrir todas las vacantes que actualmente existen en el Poder Judicial y los Ministerios Públicos. En efecto, la cuestión de las vacantes en el poder judicial y los ministerios públicos es un problema crónico y estructural que afecta gravemente el servicio de administración de justicia.
El tiempo que demora la cobertura de una vacante judicial, si consideramos el momento mismo en que el magistrado se jubila hasta el nombramiento del nuevo titular, es excesivamente prolongado y ocasiona innumerables perjuicios para el buen funcionamiento del sistema judicial. Es un asunto que involucra a los tres poderes del Estado, toda vez que, de acuerdo al mecanismo constitucional establecido para la designación de magistrados, todos los poderes intervienen en dicho procedimiento. Es un tema que forma parte de nuestra agenda en la Asociación y en el que trabajamos cotidianamente, como en todas las cuestiones que tienden al mejoramiento del servicio de administración de justicia.
La enorme cantidad de vacantes existentes en todos los fueros de la justicia nacional y federal, a lo largo y ancho de todo el país, afecta muchísimo el servicio de administración de justicia, ya que genera que la mayoría de los magistrados titulares del poder judicial y los ministerios públicos deban hacerse cargo de juzgados y tribunales vacantes, desdoblando así su prestación laboral
A este cuadro, por demás problemático, se le suma una dificultad adicional, y es que cuando se produce un cambio de gobierno, como ocurrió en los últimos casos de alternancias en el poder ejecutivo nacional, la administración entrante debe estudiar pormenorizadamente los pliegos que tiene disponibles para enviar al Senado, y también es una práctica política habitual que solicite la devolución de los pliegos enviados por el gobierno saliente. Esa dinámica demora sustancialmente todo el proceso -ya de por si lento- para la cobertura de las vacantes. La situación descripta se ha agravado notoriamente en la actualidad, ya que no se han enviado pliegos al Senado, lo que ha generado un porcentaje inédito de vacantes.
La enorme cantidad de vacantes existentes en todos los fueros de la justicia nacional y federal, a lo largo y ancho de todo el país, afecta muchísimo el servicio de administración de justicia, ya que genera que la mayoría de los magistrados titulares del poder judicial y los ministerios públicos deban hacerse cargo de juzgados y tribunales vacantes, desdoblando así su prestación laboral, debiendo atender más de una oficina judicial, con las consecuencias lógicas que tal situación genera en cuanto a los tiempos de resolución de los casos, extendiendo los procesos y produciendo demoras excesivas que perjudican, en definitiva, a los justiciables.
Esto provoca que el sistema judicial no pueda funcionar de la mejor manera y la situación se agrava aún más cuando advertimos que en los años electorales la actividad parlamentaria sufre una merma importante. Lo que de por sí ya es lamentable, porque la gran cantidad de vacantes existentes conspira para un buen funcionamiento del sistema de justicia, y esta cuestión no debería quedar sujeta a esa dinámica legislativa.
Desde la Asociación mantenemos reuniones continuas con las autoridades de la cartera de justicia y demás autoridades competentes, para que se urja con la cobertura de los cargos judiciales vacantes.
Diario Judicial: ¿Cuáles serían las tres prioridades concretas de su gestión si resultara electo?
Andrés Basso: En mi caso particular, si los asociados y asociadas me vuelven a honrar para continuar conduciendo a la Asociación, seguiremos gestionando sobre tres cuestiones que han sido prioritarias en mi presidencia.
En primer lugar, vamos a continuar con la firme postura institucional que hace más de dos décadas venimos manteniendo de rechazo ante los recurrentes intentos de los sectores políticos de los distintos gobiernos de turno de llevar adelante el traspaso de la justicia nacional. Yo siempre digo en este tema que se parte de una premisa equivocada cuando se habla de traspaso, porque todos los intentos de la política partieron de una idea inicial equivocada, y es la de equiparar a la ciudad de Buenos Aires con una provincia, cuando la voluntad del constituyente de 1994 claramente no lo resolvió así. La Carta Magna sí le ha conferido a la ciudad un estatus especial, disponiendo que tenga un régimen de gobierno autónomo, lo que es algo bien diferente. Por un lado, en su art. 5, la Carta Magna, al otorgar la garantía federal a las provincias, estableció la organización que habrá de darse cada provincia, la que dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano que asegure su administración de justicia. Por otro parte, y a través de una regulación claramente diferenciada, en el art. 129, dispuso que la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, y seguidamente prescribió que una ley del Congreso de la Nación garantizará los intereses del Estado nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación. Finalmente, la Carta Fundamental estableció que el Congreso nacional convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el Estatuto Organizativo de sus instituciones, quedando así claro que la ciudad no posee poder constituyente.
También fue prioritario en mi gestión la situación claramente injusta que atravesaban muchos asociados y asociadas por el deficiente mecanismo -entonces vigente- para la implementación del impuesto a las ganancias. En ese sentido, tras varias reuniones de trabajo y arduas gestiones, y a través de acciones y presentaciones concretas, tanto en sede administrativa y judicial, hemos logrado, parámetros mucho más lógicos para la retención del impuesto en beneficio de todo el colectivo de afectados.
La Ley 24.588 vino a dar cumplimiento con aquella manda constitucional, y en un articulado breve, preciso y claro, estableció que la justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación; a la par que fijó que la ciudad de Buenos Aires tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributaria locales. Finalmente, tanto la Constitución Nacional como la citada ley 24588, definieron que todo el diseño institucional antes referido se mantendrá mientras la ciudad de Buenos Aires sea Capital de la República, con el lógico objeto de garantizar los intereses del Estado Nacional en la ciudad y para asegurar el pleno ejercicio de los poderes atribuidos a las autoridades del Gobierno nacional. Es obvio que el escenario institucional previsto por el constituyente de 1994 se mantiene en la actualidad.
La situación es, entonces, asombrosamente clara, desde lo constitucional y normativo; lo que ya de por sí demuestra de manera elocuente que el traspaso intentado se encuentra motivado estrictamente por razones de conveniencia política, careciendo de basamento jurídico alguno.
Por ello es que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional viene desde hace más de dos décadas rechazando firmemente todo intento de traspaso.
En estos dos años de gestión que llevo como presidente de la AMFJN, nos hemos opuesto con firmeza y valentía a todos los intentos de traspaso que afectan la integridad de la Justicia Nacional. Al inicio mismo de la gestión, nos presentamos en el Congreso de la Nación, ante los poderes políticos, y logramos quitar del proyecto de “ley ómnibus” el artículo 439 que contemplaba el traspaso. Luego, nos hemos presentado en sede judicial, a través de numerosas acciones que hemos iniciado ante cada “atropello” de CABA para apropiarse de competencias propias de la Justicia Nacional, como lo fue ante el intento de creación de un fuero laboral propio, en las competencias de minoridad y familia, como así también cuando se quiso frenar los concursos del Consejo de la Magistratura de la Nación para la cobertura del fuero de consumo. También nos presentamos ante la Corte Suprema con motivo del fallo “Ferrari”. Y finalmente, estamos participando activamente en la Comisión creada por el Ministerio de Justicia.
Por todas estas razones, es que seguiremos y profundizaremos esa línea para defender la inalterable posición de la Asociación en todos los ámbitos que sean necesarios y a través de los canales institucionales que correspondan.
En segundo lugar, seguiremos defendiendo firmemente el sistema especial de retiro que tiene el poder judicial. En ese sentido, ya hemos contratado un equipo de Actuarios de primer nivel y estamos trabajando activamente para demostrar la sustentabilidad de nuestro sistema especial de retiro.
Por otra parte, también fue prioritario en mi gestión la situación claramente injusta que atravesaban muchos asociados y asociadas por el deficiente mecanismo -entonces vigente- para la implementación del impuesto a las ganancias. En ese sentido, tras varias reuniones de trabajo y arduas gestiones, y a través de acciones y presentaciones concretas, tanto en sede administrativa y judicial, hemos logrado, parámetros mucho más lógicos para la retención del impuesto en beneficio de todo el colectivo de afectados. Sin perjuicio de ese logro, seguimos trabajando para mejorar aún más la forma de implementación del impuesto, en un trabajo conjunto con la Corte y el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Diario Judicial: ¿Por qué considera que su lista debería ocupar la presidencia?
Andrés Basso: Creo que las respuestas a las anteriores preguntas que me ha realizado refleja claramente -con hechos y no con palabras-, que nos hemos ocupado de manera proactiva de atender y gestionar las cuestiones centrales y las problemáticas esenciales que afectan a nuestros asociados y asociadas.
En estos dos últimos años afrontamos diversos problemas, muchos de ellos de extraordinaria complejidad, y los hemos enfrentado siempre con responsabilidad y gestión.
La gestión ha tenido también una impronta muy federal, con una marcada descentralización de las actividades institucionales y académicas de la AMFJN en beneficio de las provincias y los asociados han podido contemplar y valorar esa dinámica en la forma de llevar adelante la conducción de la entidad.