Las principales entidades de la abogacía nacional presentaron un reclamo administrativo al presidente Javier Milei para exigir el inmediato envío al Senado de los pliegos pendientes destinados a cubrir cientos de vacantes en el Poder Judicial y en el Ministerio Público.
La presentación conjunta, fechada el 3 de septiembre de 2025, fue firmada por Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; Raúl Aguirre Saravia, vicepresidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados; Rosalia Silvestre, presidenta del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; y Juan Pablo Zanetta, titular de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Los firmantes señalaron que el incumplimiento del Ejecutivo configura una omisión contraria al artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional, que establece la obligación de remitir pliegos para cubrir las vacantes judiciales.
El documento enfatiza que, desde el inicio del actual mandato presidencial, el 10 de diciembre de 2023, no se remitió un solo pliego al Senado. Por el contrario, el Poder Ejecutivo retiró los expedientes que habían sido enviados por la gestión anterior. Según datos de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, hay 184 vacantes a resolver en el Ejecutivo, además de 139 concursos en trámite y decenas de cargos pendientes en la Cámara alta. La situación se replica en todos los niveles: jueces, fiscales y defensores públicos, con 37 y 57 cargos vacantes respectivamente en el ámbito del Ministerio Público.
La falta de jueces y fiscales genera sobrecarga en los tribunales, dilaciones en los procesos y una creciente inseguridad jurídica. Los abogados remarcaron que la inestabilidad producida por subrogancias y cambios de criterio procesal compromete tanto la defensa de los derechos individuales como la previsibilidad requerida para la inversión y el desarrollo económico.
Los colegios de abogados advirtieron que la falta de designaciones impacta directamente en la garantía del debido proceso y en el derecho al juez natural, pilares del sistema democrático reconocidos por la Constitución y por tratados internacionales de jerarquía constitucional. La omisión, señalaron, no puede ser vista como una decisión política discrecional sino como el incumplimiento de un deber constitucional.
La falta de jueces y fiscales genera sobrecarga en los tribunales, dilaciones en los procesos y una creciente inseguridad jurídica. Los abogados remarcaron que la inestabilidad producida por subrogancias y cambios de criterio procesal compromete tanto la defensa de los derechos individuales como la previsibilidad requerida para la inversión y el desarrollo económico. “No hay servicio de justicia si no hay jueces a cargo de los tribunales”, recalcaron los firmantes.
La presentación también recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que el derecho al juez natural abarca no sólo la existencia formal de tribunales, sino también la independencia, imparcialidad y competencia de los magistrados designados conforme a la ley. En la misma línea, la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina ha establecido reiteradamente que la competencia y la designación de jueces son cuestiones de orden público indisponibles para las partes.
Los abogados recordaron que el propio presidente Milei, en la apertura de sesiones ordinarias de marzo, reconoció que cerca del 40% de los cargos de la justicia federal se encuentran vacantes, y anunció que impulsaría el envío de pliegos. “La justicia no va a funcionar correctamente hasta que la política se decida a dejar de politizar los nombramientos”, sostuvo entonces. Sin embargo, seis meses después, no se ha remitido ninguna propuesta al Senado.
La abogacía organizada advirtió que, de persistir el incumplimiento, iniciará acciones judiciales en defensa de los derechos de sus matriculados y asociados. La presentación concluye que la cobertura de vacantes no es solo un problema corporativo, sino una cuestión de institucionalidad democrática que compromete la división de poderes, el acceso a la justicia y el cumplimiento de las garantías constitucionales.