Las decisiones que afectan a los consumidores —desde el precio de un vuelo hasta el orden de las ofertas en una tienda online— ya no siempre las toma una persona, sino un sistema algorítmico. Con esa premisa, el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), presentó una propuesta de iniciativa legislativa para crear un Registro Estatal de Algoritmos, que permita identificar, documentar y auditar los programas que operan en mercados de bienes y servicios de consumo.
“Las decisiones que afectan a la ciudadanía ya no siempre las toman las personas, sino sistemas automatizados con consecuencias reales en el ámbito del consumo”
La propuesta, elaborada junto a la Asociación Española de Derecho del Consumo (AEDC), busca que los algoritmos utilizados por empresas en ámbitos como el crédito, los seguros, el comercio electrónico o la distribución estén sometidos a reglas de transparencia y control independiente, evitando prácticas que puedan generar discriminación, manipulación o sesgos.
“Las decisiones que afectan a la ciudadanía ya no siempre las toman las personas, sino sistemas automatizados con consecuencias reales en el ámbito del consumo”, sostuvo el decano en la presentación.
Según el documento preliminar, las empresas deberían inscribir en el Registro los algoritmos que puedan afectar significativamente los derechos de los consumidores. Cada registro incluiría información sobre su finalidad, los datos que utiliza y los criterios generales de decisión.
Además, se contempla la obligación de auditorías independientes realizadas por universidades, asociaciones de consumidores o entidades técnicas, para verificar que los sistemas no incurran en prácticas abusivas, como ajustar precios según la vulnerabilidad económica, la localización geográfica o el perfil del usuario.
El Registro actuaría como un sistema de trazabilidad digital, permitiendo conocer qué tipo de procesos automatizados están detrás de cada decisión comercial y qué parámetros los guían. En palabras del ICAM, el objetivo es “garantizar el derecho del consumidor a saber cuándo y cómo lo decide una máquina”.
“No se trata de frenar la tecnología, sino de que la innovación no avance más rápido que los derechos”
La iniciativa llega en un momento en que el mercado digital atraviesa una transformación acelerada, y las relaciones de consumo se desarrollan cada vez más entre humanos y máquinas. En este contexto, el ICAM sostiene que la protección del consumidor debe adaptarse al ecosistema algorítmico, incorporando principios de transparencia, explicabilidad y supervisión humana.
“No se trata de frenar la tecnología, sino de que la innovación no avance más rápido que los derechos”, se expresó.
El Registro, sostienen, busca equilibrar innovación y protección, garantizando que la automatización no vulnere principios constitucionales como la igualdad ante la ley, la información veraz y la protección de la parte débil en la contratación.
La propuesta —aún en fase de consulta— será enriquecida con las conclusiones del VII Congreso Nacional de Consumo, para su posterior presentación ante los grupos parlamentarios y el Ministerio de Consumo, con vistas a su tramitación.