La Suprema Corte de Justicia de Mendoza, por unanimidad de sus integrantes, presentó en la Legislatura un proyecto de ley que tiene por objetivo modificar el artículo 96 de la Ley 9.001 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la provincia.
El proyecto -que fue anunciado durante la apertura del año judicial- cuenta con la firma de los jueces Dalmiro Garay Cueli, Norma Llatser, María Teresa Day, Mario Adaro, José Valerio, Julio Gómez y Omar Palermo.
La iniciativa busca que la ciudadanía pueda acceder al “beneficio de litigar sin gastos” de manera "más ágil y sencilla lo que a su vez permitirá una optimización del recurso humano". Según datos oficiales, en la actualidad este tipo de causas son casi el 24% de las causas que ingresan y demandan mucho tiempo y personal.
Actualmente, el litigante debe acompañar un formulario e informes de los registros de propiedad automotor, inmobiliario, como así también acreditar su situación fiscal y/ o de empleo. Estos informes pueden ser solicitados con antelación en forma prejudicial y llevados al proceso, o tramitarse en el mismo incidente.
En tanto, este tipo de incidentes pueden demorar entre dos y tres meses, ya que su tramitación implica el dictado de decretos y resoluciones -en promedio 6 por incidente-, junto con el trabajo de distintos operadores jurídicos que intervienen desde proveer las presentaciones, evacuar el dictamen fiscal hasta el dictado del auto que resuelve la petición.
"Esta información motivó la necesidad de repensar esta práctica y avanzar en ideas, que puestas en hechos, conjuguen la problemática y nos permitan un mejor y más rápido resultado, que con un mínimo esfuerzo de los operadores (intra y extra sistema), y utilizando herramientas digitales, puedan llegar al resultado deseado, es decir, cumplir con la normativa fiscal, garantizar el acceso a justicia y lograr mejorar la asignación de los recursos humanos y financieros del Poder Judicial", argumenta el proyecto.
Por intermedio del Laboratorio de Innovación de la Suprema Corte de Justicia, en coordinación con personal de fueros e informática, diagnosticaron que solo en 2024 esta tramitación demandó 9.900 horas de trabajo del personal judicial, lo que implicó un costo salarial de aproximadamente $155.000.000.
"Esta información motivó la necesidad de repensar esta práctica y avanzar en ideas, que puestas en hechos, conjuguen la problemática y nos permitan un mejor y más rápido resultado, que con un mínimo esfuerzo de los operadores (intra y extra sistema), y utilizando herramientas digitales, puedan llegar al resultado deseado, es decir, cumplir con la normativa fiscal, garantizar el acceso a justicia y lograr mejorar la asignación de los recursos humanos y financieros del Poder Judicial", argumenta el proyecto.
En este escenario, se avanzó en convenio de colaboración con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, mediante el cual se logró el acceso a las bases de datos oficiales del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SiNTyS), que nuclea acceso a los registros del ANSeS, ARCA, Registro Nacional del Automotor, Registro de Bienes Suntuosos y Registros de la Propiedad Raíz de la mayoría de las provincias argentinas. Con el acceso a esa base de datos, se diseñó un programa “que permite al tribunal, a través de un usuario autorizado, realizar la consulta por nombre o DNI o CUIL de las partes litigantes, obteniendo en menos de 1 minuto la respuesta automatizada de conceder o no el BLSG”.
“Este sistema de consulta utiliza algoritmos parametrizados conforme las reglas objetivas que anualmente establezca la Sala Administrativa de esta Suprema Corte. Estos algoritmos, además serán explicables, trazables y auditables”, detalla el texto, al tiempo que agrega: “De esta manera, se propone un sistema de otorgamiento automatizado del BLSG (procedimiento automatizado), con un simple pedido de la parte interesada, y con la respuesta del Tribunal en un único decreto, en el expediente principal en relación al cual se solicita. En caso de que el algoritmo arroje como resultado que no es posible otorgar dicho beneficio conforme los parámetros configurados, el litigante podrá solicitar al Tribunal que evalúe su otorgamiento mediante el mecanismo procesal actualmente vigente (art.96 del CPCCYT) (procedimiento por incidente)”.