La diputada nacional Silvana Giudici, (acompañada por los legisladores Laura Rodríguez Machado, Gerardo Milman, Sergio Capozzi, Karina Bachey, Marilú Quiroz, Aníbal Tortoriello y Javier Sánchez Wrba), presentó el proyecto de ley 3540-D-2025, que propone una reforma sustancial a la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326). El objetivo: actualizar el régimen frente al avance de los sistemas automatizados y garantizar transparencia, equidad y explicabilidad en los procesos de decisión basados en inteligencia artificial (IA).
En un contexto donde algoritmos definen acceso a créditos, beneficios sociales o incluso situaciones legales, el proyecto busca dar visibilidad y control a las personas sobre esos procesos. La iniciativa incorpora definiciones clave como transparencia algorítmica, sesgo, explicabilidad, inferencias automatizadas y elaboración de perfiles, y establece el derecho a la intervención humana significativa cuando una decisión automatizada produzca efectos jurídicos o afecte derechos fundamentales.
“Transparencia algorítmica: Principio por el cual se garantiza el derecho de las personas a conocer la existencia, el funcionamiento general, los criterios utilizados y los efectos de sistemas automatizados que impliquen toma de decisiones o elaboración de perfiles sobre ellas.”
El texto del proyecto, al que accedió Diario Judicial, define a los algoritmos como el “conjunto de instrucciones lógicas y ordenadas que permiten procesar datos para resolver un problema o realizar una función específica. Su uso en tratamientos automatizados puede tener impactos sobre derechos individuales” y propone agregar artículos a la Ley 25.326 con los siguientes ejes:
Transparencia algorítmica: Principio por el cual se garantiza el derecho de las personas a conocer la existencia, el funcionamiento general, los criterios utilizados y los efectos de sistemas automatizados que impliquen toma de decisiones o elaboración de perfiles sobre ellas.
Derecho a la explicación: toda persona podrá conocer, en lenguaje claro, la lógica detrás de decisiones tomadas por IA.
Consentimiento reforzado: cuando haya decisiones automatizadas con efectos significativos (como otorgamiento de crédito o modificación patrimonial), deberá informarse explícitamente su existencia e impacto.
Derecho a revisión humana: se garantiza que nadie pueda ser afectado por decisiones algorítmicas sin posibilidad de intervención humana sustantiva.
Auditorías independientes: los responsables de bases de datos deberán permitir auditorías técnicas, éticas y legales para verificar que los sistemas no reproduzcan sesgos ni violen derechos fundamentales.
Control, trazabilidad y supervisión
El texto enfatiza que los sistemas automatizados deben ser comprensibles, trazables, robustos, y su diseño debe permitir evaluaciones por terceros calificados, incluso en entornos complejos. Se establece que ningún sistema que utilice datos personales podrá ser implementado si no puede ser verificado y auditado por autoridades o entidades autorizadas.
Asimismo, introduce como principio que el consentimiento informado ya no debe ser un simple “clic”, sino un verdadero acto de comprensión y decisión frente a procesos tecnológicos que pueden impactar significativamente en la vida de las personas.
Los fundamentos del proyecto destacan que la propuesta toma como referencia legislaciones y principios adoptados en otras jurisdicciones: desde el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) europeo y la Ley de Protección de Datos Personales de Nueva Zelanda, hasta la legislación chilena (Ley 21.459) y propuestas como el AI Bill of Rights en Estados Unidos.
“En un momento en que las principales democracias del mundo están discutiendo o adoptando marcos regulatorios modernos para la inteligencia artificial, Argentina no puede quedar al margen”
También se alude a casos internacionales que alertaron sobre los riesgos de algoritmos opacos, como el del sistema neerlandés de subsidios por cuidado infantil, que derivó en discriminación sistemática por sesgos raciales, tal como denunció Amnistía Internacional en su informe “Xenophobic Machines”.
El proyecto reafirma el principio de autodeterminación informativa, reconocido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y busca adecuarlo a los entornos digitales actuales. “Los derechos siguen siendo humanos, aunque los decida un algoritmo”, afirma el texto.
En suma, la iniciativa propone un marco normativo que permita a la Argentina regular el uso de inteligencia artificial y algoritmos con criterios de legalidad, justicia y supervisión; buscando asegurar que se utilice al servicio de los derechos.
“En un momento en que las principales democracias del mundo están discutiendo o adoptando marcos regulatorios modernos para la inteligencia artificial, Argentina no puede quedar al margen”, sostienen los fundamentos del proyecto.
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