Se reunieron en Córdoba los presidentes de Cámaras Federales de Apelación: el traspaso y el DNU sobre bienes decomisados fueron los ejes centrales del encuentro.
Por un lado, los jueces manifestaron reparos frente al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 575/2025 sobre el “Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio”. Según señalaron, lejos de aportar claridad, el nuevo esquema “genera interrogantes, contradicciones y superposiciones regulatorias” que pueden atentar contra los objetivos de la norma.
El texto advierte que el decreto desconoce el trabajo realizado por la Corte Suprema de Justicia y la Acordada 22/25, por la que se estableció el "Reglamento de efectos secuestrados que no puedan secuestrarse a sus dueños y objetos decomisados”. También alerta que el DNU podría afectar la Ley de Autarquía Judicial, en lo relativo a los recursos que integran el presupuesto del Poder Judicial. Ante este panorama, las Cámaras convocaron a abrir un espacio de diálogo institucional “sin mayores dilaciones” para encontrar soluciones integrales.
El DNU traslada al Ministerio de Justicia la administración y conservación de los bienes cautelados o recuperados “en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio”, y mantiene a la AABE como responsable exclusiva de su enajenación o concesión para explotación comercial. Además crea el Consejo de Bienes Recuperados en la órbita de Justicia. La norma también impone un calendario: el Consejo de la Magistratura debe relevar, en 60 días hábiles desde la vigencia, los bienes alcanzados; y la entrega material de la custodia y administración al Ejecutivo debe concretarse dentro de los 30 días hábiles siguientes.
Al día siguiente, el Gobierno dictó el Decreto 582/2025 y creó la Oficina de Bienes Recuperados como organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia y autoridad de aplicación del régimen. En sus considerandos se invocan estándares de OCDE y GAFI y se cita un dato oficial: entre 2012 y 2023 se inscribieron más de 3.200 bienes decomisados en el registro que ahora se deroga (Decreto 826/2011).
El contrapunto con el Poder Judicial aparece porque, semanas antes, la Corte dictó la Acordada 22/2025, que actualizó el “Reglamento de efectos secuestrados y objetos decomisados” y ordenó publicar —en un micrositio— los datos de los bienes inscriptos en la base general BBSD, preservando identidades sensibles. Para los camaristas, el DNU afecta ese andamiaje y abre dudas operativas.
El nuevo esquema también reencuadra antecedentes: el DNU 62/2019 (extinción de dominio) asignaba a AABE la administración y mantenimiento durante la tramitación del proceso civil de extinción; ahora esa función pasa a Justicia, en coordinación con AABE para las ventas.
El decomiso anticipado, explicado por el ministro de justicia, Mariano Cúneo Libarona en la conferencia brindada el 21-8-2025 en la UdeMM.
En la práctica, la AABE queda excluida de la administración y conservación de estos bienes y debe venderlos u otorgar concesiones dentro de un plazo máximo de 6 meses contado desde que recibe la documentación completa de la autoridad de aplicación. El producido, luego de reparar a las víctimas, se distribuye entre los organismos que integran el nuevo Consejo (PJN, MPF, MPD, Seguridad, Justicia, UIF y Sedronar) conforme porcentajes fijados en el anexo del DNU.
Según la declaración difundida, los camaristas pidieron “diálogo institucional” para evitar choques normativos y remarcaron que el DNU, lejos de ordenar el sistema, “genera interrogantes” sobre la recuperación, administración y disposición de activos.
El encuentro contó con la presencia de Javier Leal de Ibarra, Abel Sánchez Torres, Mariana Catalano, Roberto Hornos, Mariano Llorens, Rocío Alcalá, Silvina Andalaf, Beatriz Aranguren, Mario Boldú, Pablo Candisano, Jorge Eduardo Di Lorenzo, Marcelo Fernández, Ramón Luis González, Mariano Lozano, Patricia Moltini y Juan Ignacio Pérez Curci.
En otro comunicado, los camaristas se refirieron al caso “Ferrari c/ Levinas” y la reciente causa “Haras El Moro S.A.”, que habilitó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires a revisar sentencias de la Justicia Nacional. Si bien admitieron que la decisión “podrá merecer un debate serio y responsable”, rechazaron las descalificaciones y afrentas hacia el Máximo Tribunal y defendieron su rol como cabeza del Poder Judicial.
"Entendemos que las meras descalificaciones, así como las constantes afrentas que ha recibido la Corte Suprema -ya sea integrada por sus ministros titulares o por quienes fueron seleccionados de manera transitoria para cumplir idéntica misión- menoscaban la función jurisdiccional y la independencia del Poder Judicial, en exclusivo desmedro de la administración de justicia y del Estado democrático de derecho", añade el texto difundido tras la reunión, en la que también se analizó la situación de la jueza federal Natalia Martínez, a cargo del Juzgado Federal 2 de Rosario, quien denunció el pasado domingo un hecho de intimidación.
El encuentro contó con la presencia de Javier Leal de Ibarra, Abel Sánchez Torres, Mariana Catalano, Roberto Hornos, Mariano Llorens, Rocío Alcalá, Silvina Andalaf, Beatriz Aranguren, Mario Boldú, Pablo Candisano, Jorge Eduardo Di Lorenzo, Marcelo Fernández, Ramón Luis González, Mariano Lozano, Patricia Moltini y Juan Ignacio Pérez Curci.