20 de Noviembre de 2026
Edición 7572 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 24/11/2026
Diario Judicial

Llamado fiscal a la absolución

Un tribunal federal absolvió a un hombre acusado de adquirir o receptar teléfonos celulares robados con ánimo de lucro, delito castigado por la Ley 25.891, luego de que el Ministerio Público Fiscal retirara la acusación durante el juicio oral. El juez consideró que el dictamen absolutorio estaba "suficientemente motivado" y sostuvo que no podía sustituir al acusador para dictar una condena.

(Foto de Andrey Matveev)

La investigación se había originado tras la denuncia por el robo de un teléfono celular cuya geolocalización conducía hacia una edificación de pasillos angostos y escaleras caracol en la calle Colibrí, dentro del Barrio Padre Carlos Mugica. Luego de tareas de inteligencia encubiertas, un grupo táctico irrumpió en un inmueble próximo al domicilio del imputado y secuestró seis teléfonos celulares -cinco iPhone y un Samsung- junto a dos módulos desarmados, lo que motivó queun hombre  fuera llevado a juicio por adquisición o receptación de terminales móviles de procedencia ilegítima con ánimo de lucro.

Sin embargo, durante el debate oral celebrado el 12 de noviembre de 2026, la prueba producida debilitó la hipótesis acusatoria. Los testimonios de los efectivos intervinientes, del testigo civil y de allegados al acusado revelaron que Sangama Castro residía en el edificio lindero y que a la terraza donde aparecieron cuatro de los equipos con denuncia de robo se accedía mediante una viga compartida por distintos vecinos, sin que nadie pudiera ubicarlo sobre la chapa debajo de la cual fueron hallados, mientras que respecto de los otros dos teléfonos no logró comprobarse su origen delictivo.

"Sentado el criterio rector, ante un pedido absolutorio del Ministerio Público Fiscal durante la instancia de juicio, me encuentro compelido a respetarlo y por ende, impedido a adoptar un temperamento condenatorio, debido a la ausencia de tal indispensable acusación"

Ante ese escenario, el representante del Ministerio Público Fiscal desistió de formular acusación al concluir que no se había acreditado que los dispositivos estuvieran bajo la esfera de disposición del imputado ni probado en su totalidad el delito previo exigido por la Ley 25.891. Según la sentencia a la que accedió este medio —cuyos fundamentos se dieron a conocer el 20 de noviembre—, el juez Nicolás Toselli examinó el alegato fiscal y verificó que el dictamen se encontraba "suficientemente motivado" en los términos del artículo 69 del Código Procesal Penal de la Nación, descartando cualquier vicio que habilitara su nulidad.

A partir de ese control de razonabilidad, el magistrado abordó el eje central de la garantía del debido proceso y recordó que la observancia de las formas sustanciales del juicio exige necesariamente la existencia de acusación, defensa, prueba y sentencia. Para fundar la imposibilidad de avanzar hacia una condena sin impulso fiscal, remitió a la consolidada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desarrollada en los precedentes "Tarifeño", "García", "Cattonar", "Mostaccio" y "Cáceres".

En consecuencia, el tribunal dictó la absolución "por no mediar acusación fiscal" y ordenó la inmediata libertad de Sangama Castro, dejando en claro que "ante un pedido absolutorio del Ministerio Público Fiscal durante la instancia de juicio, me encuentro compelido a respetarlo y por ende, impedido a adoptar un temperamento condenatorio, debido a la ausencia de tal indispensable acusación".

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