A través de la Resolución 2989/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial, la Secretaría General de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó los textos ordenados de su Régimen de Contrataciones —originalmente establecido por la acordada 38/2023— y del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de la acordada 31/2025
El eje central de la actualización gira en torno a la puesta en funcionamiento del Registro de Proveedores de la Corte Suprema, cuya inscripción electrónica y gratuita pasa a ser un requisito obligatorio para quienes pretendan participar en las compulsas y resultar adjudicatarios
"Queda bajo responsabilidad de los interesados revisar periódicamente el Registro de Proveedores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de tomar conocimiento de las comunicaciones, novedades y demás información relevante. Las alertas de novedades informadas mediante correo electrónico solo constituyen un aviso de cortesía"
La reforma también reconfiguró el esquema de notificaciones electrónicas y la carga procesal de los contratistas. El artículo 6 del Pliego Único equipara las comunicaciones cursadas dentro de la plataforma del Registro de Proveedores con las notificaciones en soporte papel y asigna a los oferentes el deber de monitorear el sistema de forma periódica, aclarando que "las alertas de novedades informadas mediante correo electrónico solo constituyen un aviso de cortesía" y que la falta de consulta no afecta la validez de los plazos.
En materia de competencias internas, el texto ordenado reflejó el ajuste dispuesto por el artículo 9 de la acordada 24/2026 sobre los montos autorizados para suscribir actos administrativos. De este modo, la Dirección de Administración conserva facultad para contratar hasta cinco mil módulos, mientras que el tope de la Secretaría General de Administración quedó fijado en veinte mil módulos, reservándose la intervención directa de los ministros de la Corte para las operaciones que superen ese umbral.
Por último, la consolidación normativa precisó el régimen de presentación y evaluación de muestras técnicas -cuya falta de entrega ante el requerimiento de la Comisión de Preadjudicaciones acarrea el rechazo de la propuesta- y flexibilizó el margen de tolerancia ante errores formales en la constitución de garantías, habilitando un plazo de tres días para integrar diferencias cuando el defecto no supere el veinte por ciento del importe exigido. Al sistematizar el orden de prelación y los plazos en días hábiles judiciales, el tribunal reafirmó que las actuaciones quedarán resguardadas en soporte electrónico bajo custodia de su Dirección de Sistemas y que "la omisión de acceso o consulta al Registro por parte de los interesados no afectará la validez ni la eficacia de las comunicaciones o notificaciones allí incorporadas".