26 de August de 2026
Edición 7523
Próxima Actualización: 27/08/2026
El Ministerio de Seguridad de la Nación creó, mediante la resolución 806/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en establecimientos penitenciarios.
La norma convoca a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse de manera voluntaria a un mecanismo que ya se aplicaba en unidades federales, con el objetivo de inhabilitar teléfonos detectados dentro de los penales y dificultar que internos coordinen delitos desde el encierro.
El funcionamiento no es automático ni queda en manos de cada provincia. El ministerio provincial con competencia penitenciaria debe identificar los equipos que se activen en áreas de detención o de acceso restringido y reportarlos a la ventanilla única del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El programa apunta a prevenir, disuadir y neutralizar el uso de dispositivos móviles por parte de organizaciones criminales con miembros alojados en cárceles.
El bloqueo no se limita a la línea telefónica: alcanza el IMEI, el identificador único del aparato, y el IMSI, el código asociado a la tarjeta SIM. La idea es que la inhabilitación se mantenga aunque se cambie el chip del equipo intervenido.
La medida se apoya en un encadenamiento normativo reciente. El 13 de agosto, la resolución 734/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) extendió a los establecimientos provinciales un procedimiento que ya regía para el Servicio Penitenciario Federal.
Antes, la resolución 336/2026 había autorizado la instalación de detectores en unidades federales. El esquema se ampara, además, en la Ley 24.660, que prohíbe el uso de teléfonos celulares en el sistema penitenciario.
El funcionamiento no es automático ni queda en manos de cada provincia. El ministerio provincial con competencia penitenciaria debe identificar los equipos que se activen en áreas de detención o de acceso restringido y reportarlos a la ventanilla única del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Esa cartera es el único canal habilitado para trasladar el pedido a las prestadoras de telefonía móvil. Las provincias no pueden ordenar por sí solas la inhabilitación ante las compañías. Las operadoras, una vez recibida la solicitud formal, tienen un plazo máximo de 48 horas para confirmar que ejecutaron el bloqueo.
La Subsecretaría de Articulación Federal queda a cargo de implementar el programa en las jurisdicciones que lo pidan y de suscribir el convenio de adhesión.
El servicio penitenciario provincial, en tanto, debe monitorear de forma remota los sistemas de detección y notificar de inmediato cualquier incidente. La información vinculada a IMEI e IMSI debe manejarse con reserva y está prevista la realización de auditorías periódicas.
Córdoba ya había instruido su adhesión al protocolo nacional después de la resolución de ENACOM. El resto de las jurisdicciones podrá sumarse si firma el convenio anexo a la nueva normativa.