La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia que ordenó al Ministerio de Educación entregar los reportes de resultados de los operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017 correspondientes a todos los establecimientos educativos e instituciones de la provincia de Salta.
La causa se inició a partir de un pedido de acceso a la totalidad de los informes por establecimiento. Sin embargo, el Ministerio de Educación rechazó el requerimiento al considerar que los datos tenían carácter confidencial y que su divulgación podía generar situaciones de estigmatización hacia estudiantes, docentes e instituciones.
El organismo había fundamentado su negativa en la Ley de Educación Nacional (26.206), la Ley de Estadísticas y Censos (17.622) y la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275). También sostuvo que la publicación de los resultados podía derivar en rankings de escuelas y afectar especialmente a los establecimientos con desempeños más bajos.
La Sala II de la Cámara Federal de Salta revocó el rechazo de primera instancia y ordenó entregar los reportes, sin revelar los datos particulares de alumnos y docentes. Contra esa decisión, el Estado Nacional interpuso un recurso extraordinario.
Al analizar el planteo, la Corte recordó que el acceso a la información pública se encuentra regido por el principio de máxima divulgación y que las restricciones deben ser excepcionales y estar debidamente justificadas.
En ese sentido, sostuvo que los organismos estatales no pueden rechazar solicitudes mediante argumentos genéricos. "Los sujetos obligados solo pueden rechazar un requerimiento de información si exponen, describen y demuestran de manera detallada los elementos y las razones por las cuales su entrega resultaría susceptible de ocasionar un daño al fin legítimamente protegido", señaló el Máximo Tribunal.
Los jueces también cuestionaron que el Ministerio hubiera invocado el secreto estadístico sin demostrar que los datos de las evaluaciones habían sido obtenidos con fines exclusivamente estadísticos. Además, consideraron que la referencia a una posible estigmatización no alcanzaba para justificar una prohibición generalizada de acceso.
Para la Corte, los resultados de Aprender y Enseñar permiten conocer el funcionamiento de las instituciones y evaluar las políticas públicas implementadas. En esa línea, destacó que acceder a esa información constituye una herramienta para que la comunidad pueda reclamar medidas destinadas a revertir situaciones educativas desfavorables.
La decisión contó con la disidencia del vicepresidente Carlos Rosenkrantz, quien compartió los fundamentos del dictamen de la Procuradora Fiscal y consideró que correspondía revocar la sentencia apelada.
"El acceso a los resultados de los operativos 'Aprender' y 'Enseñar' es un instrumento esencial para el control social", afirmó la sentencia, al tiempo que estableció que la difusión deberá contemplar las particularidades de cada establecimiento y evitar que se identifique a las personas que participaron de las evaluaciones. En especial, destacó la protección reforzada que corresponde a los menores de edad y sus derechos a la intimidad y al honor.
La decisión contó con la disidencia del vicepresidente Carlos Rosenkrantz, quien compartió los fundamentos del dictamen de la Procuradora Fiscal y consideró que correspondía revocar la sentencia apelada. Para el magistrado, la restricción de acceso a los resultados por establecimiento era razonable para evitar la identificación indirecta y la estigmatización de alumnos, docentes e instituciones educativas.