El silencio hace ruido

La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires confirmó una resolución que intimó al Gobierno porteño a informar de manera clara y precisa si existen actualmente programas de monitoreo continuo de los índices de contaminación sonora.

La causa se originó a partir de un pedido de acceso a la información pública presentado por un vecino, quien requirió diversos datos vinculados con contaminación sonora y cuestiones ambientales. 

Según surge del expediente, el GCBA informó que la Agencia de Protección Ambiental elaboró en 2018 el primer Mapa de Ruido completo sobre fuentes móviles de la Ciudad y que posteriormente no se realizaron nuevos estudios globales de esas características por razones presupuestarias. También indicó que las mediciones de ruido se efectúan en torno a la confección del Mapa de Ruido previsto en la Ley 1540, siempre que exista partida presupuestaria para ello.

La Cámara porteña rechazó esos planteos y señaló que la existencia de mapas de ruido o de mediciones aisladas no respondía específicamente a la consulta formulada sobre la realización de estudios durante 2023 y la existencia de programas de monitoreo continuo.

Sin embargo, el magistrado entendió que esa respuesta no permitía determinar con precisión si existían programas continuos de monitoreo ni si se habían realizado estudios durante 2023, por lo que ordenó una nueva respuesta.

El Gobierno apeló la decisión y advirtió que la información que tenían, se la habían brindado a la actora y en cuanto a la prueba, se remitió al enlace acompañado en el informe que reenviaba a una página "web" local, en la que se podía consultar los ruidos de los periodos diurnos y nocturnos.

La Cámara porteña rechazó esos planteos y señaló que la existencia de mapas de ruido o de mediciones aisladas no respondía específicamente a la consulta formulada sobre la realización de estudios durante 2023 y la existencia de programas de monitoreo continuo.

Con las firmas de los jueces Carlos Francisco Balbín, Fabiana Haydée Schafrik y Pablo César Mántaras, el Tribunal confirmó la resolución apelada y mantuvo la intimación al GCBA para que brinde una respuesta clara sobre ese aspecto de la información requerida.