La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires hizo lugar al recurso extraordinario interpuesto por la Fiscalía de Estado y revocó la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás que había ordenado abonar 273 días de licencia anual no usufructuada (LANU) a un ex policía.
El demandante, que pasó a retiro activo voluntario el 4 de junio de 2021, había iniciado una acción contencioso administrativa contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia. Pretendía el reconocimiento y pago de 318 días de licencias anuales ordinarias no gozadas a lo largo de su carrera policial (luego ampliado a 344 con los días del año 2022), calculados a valores actuales más intereses.
El decreto 1.050/09 establece el carácter obligatorio del descanso anual, prohíbe su acumulación y prevé que, vencido el período, el agente pierde el derecho a gozar de los días no utilizados. Solo excepcionalmente, por razones imperiosas de servicio, puede diferirse al año siguiente, recordó el fallo.
Sostuvo, entre otras, que las vacaciones le habían sido denegadas reiteradamente por “razones de servicio”.
En primera instancia, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Junín reconoció 247 días. La Cámara de San Nicolás elevó esa cifra a 273 días y desestimó el recurso de la Fiscalía de Estado.
El organismo provincial, por su parte, denunció gravedad institucional por la práctica de atesoramiento de vacaciones en la fuerza, invocó la normativa aplicable (ley 13.982 y decreto reglamentario 1.050/09) y sostuvo que solo podían liquidarse las licencias del último año y la parte proporcional del año del cese.
La SCBA, con el voto de Hilda Kogan, al que adhirieron Daniel Soria y María Florencia Budiño, consideró que el régimen estatutario no autoriza la acumulación indefinida de licencias.
El decreto 1.050/09 establece el carácter obligatorio del descanso anual, prohíbe su acumulación y prevé que, vencido el período, el agente pierde el derecho a gozar de los días no utilizados. Solo excepcionalmente, por razones imperiosas de servicio, puede diferirse al año siguiente, recordó el fallo.
Al cese, el artículo 81 permite liquidar únicamente la licencia anual ordinaria no usufructuada y la parte proporcional del período en curso, siempre que se reúnan los requisitos para su goce.
El tribunal recordó su doctrina consolidada en precedentes como “Roig”, “Fernández”, “Baraldo” y “Cerimedo”: el descanso anual tiene finalidad higiénica y de recuperación de fuerzas; no puede convertirse en un crédito acumulable para ser cobrado al retiro.
Además, señaló que no se acreditó de manera idónea que el hombre hubiera solicitado año tras año el goce de las vacaciones y que estas le hubieran sido denegadas de forma sistemática. Un listado administrativo con “notas de licencia” que mencionaban “razones de servicio” durante nueve años no resultó suficiente.
La decisión revocó así la condena de la Cámara y rechazó la demanda, con costas a la actora vencida.
El voto en disidencia del juez Sergio Torres sostuvo que, ante denegatorias reiteradas y acreditadas por parte del Estado, debería proceder una compensación sustitutiva limitada por prescripción, para no vaciar de contenido el derecho al descanso protegido por el artículo 14 bis de la Constitución nacional.