La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó por inadmisible una presentación en queja de la defensa y dejó firme la condena a prisión perpetua contra Franco Ezequiel Montes y Walter Bruno Folken. Ambos habían sido encontrados culpables, como coautores, del homicidio criminis causa de José Benítez, un peluquero de 37 años asesinado en Rosario en noviembre de 2018 para evitar que los identificara tras un robo.
El cuerpo de Benítez fue hallado el 6 de noviembre de 2018 en su vivienda del barrio La Florida, en Buchanan al 300, donde también funcionaba su peluquería. Estaba maniatado y había muerto por asfixia mecánica, ahorcado con una toalla.
Tras las detenciones, la computadora robada fue encontrada en poder de los imputados. En un celular secuestrado también aparecieron fotos de uno de ellos con los objetos sustraídos.
Según la investigación, los dos hombres habían pactado un encuentro con la víctima y entraron a la casa con la intención de robar. Una vez adentro, lo golpearon, lo redujeron y le ataron las manos. Se llevaron dinero, productos de peluquería, dos teléfonos celulares y una notebook.
Cuando ya estaban por retirarse con el botín, Benítez le dijo a uno de ellos que lo conocía y que lo iba a denunciar. Ante esa posibilidad de identificación, uno de los asaltantes tomó una toalla y lo estranguló.
La figura de homicidio criminis causa —prevista en el Código Penal— castiga precisamente el homicidio cometido para ocultar otro delito, asegurar su impunidad o facilitar su consumación.
Tras las detenciones, la computadora robada fue encontrada en poder de los imputados. En un celular secuestrado también aparecieron fotos de uno de ellos con los objetos sustraídos.
En 2021, el Tribunal Pluripersonal de Rosario, integrado por los jueces Hernán Postma, María Isabel Mas Varela y Patricia Bilotta, los condenó a prisión perpetua. La fiscal Marisol Fabbro, de la Unidad de Homicidios Dolosos, había sostenido esa calificación durante el juicio oral.
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, por unanimidad, rechazó los recursos de la defensa tanto contra la sentencia condenatoria como contra la validez constitucional de la pena de prisión perpetua.
Agotadas las instancias provinciales, la defensa intentó llegar al máximo tribunal nacional mediante un recurso de queja. La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo declaró inadmisible, con lo que se cerró definitivamente el proceso y la condena quedó firme.
El caso transitó más de siete años desde el hecho hasta esta última decisión. Con la desestimación de la queja, se agotaron todas las vías recursivas ordinarias y extraordinarias disponibles.