Vigilancia desde las alturas

La utilización de drones para vigilar una vivienda en el marco de una investigación penal no vulnera, por sí sola, el derecho de defensa. Así lo resolvió la Sala II de la Cámara de Casación de Entre Ríos, que rechazó el recurso presentado por las defensas de dos hombres, imputados por comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas.

El planteo cuestionaba la autorización judicial del pasado 3 de marzo de 2026 para utilizar vehículos aéreos no tripulados (VANT) y la validez de las pruebas obtenidas a partir de esa medida. La defensa sostuvo que la vigilancia se había realizado sin notificación ni intervención de un defensor oficial y que las imágenes captadas habían servido como fundamento para ordenar posteriormente un allanamiento.

Entre sus argumentos, los abogados señalaron que la misma jueza que había autorizado el uso del dron intervino luego en el planteo de nulidad contra su propia decisión. También cuestionaron que no se hubiera dispuesto formalmente la reserva de las actuaciones y sostuvieron que la captación de imágenes constituía un acto definitivo e irreproducible, que requería la intervención de la defensa.

El voto principal estuvo a cargo del vocal Darío Gustavo Perroud, al que adhirieron sus colegas María del Luján Giorgio y María Evangelina Bruzzo. Se analizó la naturaleza de las imágenes obtenidas mediante el dron. Para la defensa, se trataba de una diligencia irreproducible, por lo que correspondía aplicar el artículo 123 del Código Procesal Penal provincial y garantizar la intervención de un defensor oficial.

El Tribunal entrerriano entendió que la filmación aérea no altera ni destruye la fuente de prueba, ya que el material queda almacenado en un soporte digital que puede ser examinado posteriormente. "El sobrevuelo constituye un acto de constatación de imágenes cuya prueba resultante no es el vuelo en sí, sino el archivo informático o soporte digital que resguarda de manera inalterable lo observado", explicó el vocal.

Consideró, en este sentido, que las imágenes pueden ser reproducidas, exhibidas, auditadas y sometidas a pericias durante la investigación y el juicio, por lo que concluyó que no era necesaria la notificación previa a la defensa para realizar la diligencia.

También examinó si la vigilancia aérea había significado una intromisión ilegítima en la intimidad de los investigados. En ese punto, Perroud reconoció que el patio y las inmediaciones de una vivienda están alcanzados por la expectativa de privacidad que protege el domicilio.

No obstante, distinguió entre las distintas modalidades de captación de imágenes. Señaló que una toma vertical y perpendicular hacia abajo no tiene la misma intensidad de injerencia que una filmación horizontal que implique acercamiento o ingreso visual al interior del inmueble.

Para el Tribunal, la observación aérea había sido dispuesta como una herramienta para corroborar las sospechas existentes y evitar allanamientos indiscriminados o sobre domicilios equivocados.

Según lo informado por la Fiscalía, las imágenes habían sido captadas desde una perspectiva vertical, sin penetrar en el núcleo más intenso de la privacidad. Además, la medida había contado con autorización judicial previa, según se desprende del expediente.

Para el Tribunal, la observación aérea había sido dispuesta como una herramienta para corroborar las sospechas existentes y evitar allanamientos indiscriminados o sobre domicilios equivocados.

Otro de los argumentos de la defensa apuntaba a que las imágenes del dron habían sido determinantes para obtener la orden de allanamiento y que, por lo tanto, los secuestros y las detenciones posteriores debían quedar alcanzados por la regla de exclusión probatoria, pero los jueces descartaron también ese planteo.

Por un lado, los magistrados entendieron que, al no existir una ilegalidad en la obtención del material gráfico, no correspondía aplicar la doctrina del fruto del árbol envenenado. Pero, además, señalaron que la investigación había comenzado el 5 de febrero de 2026, antes de la autorización para utilizar el dron. En ese período, la Policía había reunido información mediante entrevistas a vecinos y datos aportados por personas vinculadas al consumo de estupefacientes.