El Fiscal en lo ambiental de Jujuy dio inicio a un expediente judicial donde reclamó el dictado de una medida cautelar de no innovar a los fines de que se abstengan de continuar con la deforestación y el movimiento de tierras en un predio donde se planeaba hacer un loteo.
Todo ello, hasta tanto se acredite en el expediente la documentación habilitante para realizar esas tareas en el lugar y que ante el incumplimiento se impongan astreintes u otra herramienta legal para lograr el cumplimiento de la medida.
Así fue que se dio apertura al expediente caratulado “Cautelar: Prohibición de no innovar: Unidad Fiscal Especializada en lo Ambiental”, en trámite ante el Juzgado Ambiental Civil de San Salvador de Jujuy donde el fiscal explicó que dos vecinos del lugar radicaron una denuncia ante la dependencia a su cargo donde detallaron que hacía 10 días había maquinas en el lugar realizando una deforestación y marcando caminos sobre un cerro próximo a su propiedad.
Debido a esas circunstancias, los denunciantes temían que, ante una lluvia, el caudal de agua que se contenía con esa vegetación termine afectando su terreno y todas las propiedades que están en la parte inferior del cerro, que involucraba a 44 familias a las cuales también representaban en su reclamo.
La magistrada entendió que existía verosimilitud en el derecho y peligro en la demora suficientes para el dictado cautelar, ante el riesgo inminente para el ambiente y la integridad de las personas que residen en los terrenos hacia abajo del lugar desmontado.
Los vecinos aportaron pruebas con fotografías y videos de las actividades que se estarían realizando en el lugar, lo que motivó que se requiera la cautelar a los fines de resguardar a los habitantes de la zona, así como a la flora, fauna y medio ambiente del lugar.
La jueza María Laura Flores, a cargo del tribunal, terminó admitiendo la medida y ordenó “a las personas, empresa contratada y al propietario (aun no individualizado) del terreno” ubicando con coordenadas, que “se abstengan de continuar con los trabajos de deforestación, desmonte, remoción de tierra y cualquier otro que genere un impacto en el ambiente”, hasta que se exhiba en el juzgado la documentación habilitante para realizar esas tareas.
La magistrada había ordenado previamente que el Cuerpo Interdisciplinario de Experto (CIE) que realice una inspección en el lugar con un drone, tras lo cual se informó que los trabajos se estaban realizando efectivamente en el lugar, siendo además una zona amarilla según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
La verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, según la jueza, eran suficientes para el dictado cautelar, ante el riesgo inminente para el ambiente y la integridad de las personas que residen en los terrenos hacia abajo del lugar desmontado.