12 de November de 2026
Edición 7566
Próxima Actualización: 13/11/2026
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el sobreseimiento de un hombre y la caducidad del derecho de la querella a impulsar la elevación a juicio.
El tribunal entendió que la parte no contestó dentro del plazo legal la vista del artículo 346 del Código Procesal Penal de la Nación.
La resolución ratificó el auto de primera instancia que había declarado decaído el derecho de la querellante, sobreseído al imputado y dejado sin efecto las medidas cautelares y restrictivas.
Los jueces Mariano A. Scotto y Juan Esteban Cicciaro señalaron que los agravios sobre el contenido de la notificación electrónica —incluso rechazados en un incidente de nulidad que ya se encuentra firme— no pueden neutralizar la falencia advertida.
Los jueces equipararon la situación a la extinción de la acción penal prevista en el artículo 336, inciso 1° del código formal. El Ministerio Público Fiscal había dejado de ejercitar la acción y la querella no formuló a tiempo la requisitoria de elevación a juicio.
Según surge de la decisión, el fiscal de la instancia anterior había solicitado el sobreseimiento, criterio que fue convalidado por su superior. Por esa razón se consideró que no correspondía correrle vista en los términos del artículo 346.
La vista se le confirió únicamente a la querella mediante cédula electrónica librada el 8 de septiembre de 2026. Al no contestar dentro del plazo, el 21 de septiembre se tuvo por decaído el derecho y se notificó esa decisión el mismo día a las 13:37.
Minutos después, a las 14:19, la parte recurrente cuestionó la validez de la notificación electrónica y, en subsidio, formuló el requerimiento de elevación a juicio.
El 29 de septiembre el planteo fue rechazado y la presentación subsidiaria declarada extemporánea. La Cámara recordó que, a diferencia del Ministerio Público Fiscal —sujeto necesario de la relación procesal en los delitos de acción pública—, la querella debe cumplir con la requisitoria de remisión a debate en tiempo y forma, bajo pena de perder su derecho a ejercer la pretensión.
Los jueces Mariano A. Scotto y Juan Esteban Cicciaro señalaron que los agravios sobre el contenido de la notificación electrónica —incluso rechazados en un incidente de nulidad que ya se encuentra firme— no pueden neutralizar la falencia advertida.
Recordaron que la garantía de la defensa en juicio no ampara la falta de actividad exigible a los litigantes cuando se ha ofrecido la oportunidad procesal de hacer valer sus derechos y ella no fue utilizada del modo que prescribe la ley.