26 de October de 2026
Edición 7565
Próxima Actualización: 27/10/2026
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán dispuso el inicio de funciones de la Oficina de Abordajes Técnicos Especializados, creada por Acordada Nº 646/2026.
La medida reorganiza los servicios psicosociales, médicos y técnicos de 23 dependencias provinciales en cuatro áreas de especialidad, con el objetivo de articular intervenciones y mejorar las respuestas judiciales en el marco de una política de modernización del servicio de justicia.
La nueva estructura agrupa las 23 oficinas técnicas en las áreas de Vínculos, Familias e Infancias; Multifuero Interdisciplinario; Violencia y Gestión Integral del Riesgo, y Área Penal.
La implementación plantea desafíos concretos: acompañar a los equipos en la transición, construir acuerdos de trabajo, fortalecer la formación continua y desarrollar indicadores que permitan evaluar y mejorar las intervenciones.
Según se informó, la reorganización busca fortalecer la articulación entre equipos, unificar criterios de intervención, optimizar la distribución de recursos y promover herramientas comunes de planificación, registro y evaluación.
El propósito es consolidar un modelo de trabajo más integrado e interdisciplinario que preserve la especificidad de cada área y, al mismo tiempo, favorezca una mirada integral de las situaciones que llegan a la Justicia.
La Directora designada, María Pía Ferro, señaló que “integrar no significa homogeneizar todas las prácticas, significa construir un marco común que fortalezca las especialidades y permita que cada una aporte mejor al servicio de justicia”.
En cuanto a la premisa de la gestión, indicó que consiste en “organizar el conocimiento técnico especializado del Poder Judicial para que se traduzca en mejores respuestas judiciales y en una tutela más efectiva de los derechos de las personas”.
El proceso se inscribe en una trayectoria que comienza con el primer Gabinete Psicosocial, formalizado en 1978. Desde entonces, el crecimiento de la institución y las transformaciones sociales y jurídicas ampliaron la complejidad de las situaciones que requieren intervención especializada.
La diversidad de demandas hizo necesario avanzar hacia una organización capaz de integrar conocimientos, coordinar esfuerzos y ofrecer respuestas acordes con los desafíos actuales.
La implementación plantea desafíos concretos: acompañar a los equipos en la transición, construir acuerdos de trabajo, fortalecer la formación continua y desarrollar indicadores que permitan evaluar y mejorar las intervenciones.
Sobre la medición de resultados, Ferro sostuvo que el éxito no se medirá únicamente en términos de productividad métrica, sino en el impacto real sobre la sociedad. “El beneficio final no debe medirse únicamente por la cantidad de informes producidos o por la reducción de los tiempos de gestión.
También importa la pertinencia de las intervenciones, el respeto de los derechos, la calidad de la información aportada a los órganos jurisdiccionales y la experiencia de las personas que reciben la atención”, afirmó.
La creación de la Oficina no representa solamente una reorganización administrativa. También se presenta como una oportunidad para reconocer la trayectoria construida durante décadas y proyectarla hacia el futuro, con una gestión basada en la cooperación, el conocimiento técnico y el compromiso institucional.
El objetivo final apunta a contribuir a una justicia más articulada, accesible y preparada para responder a las necesidades de la sociedad tucumana.