La ciudadanía no es una inversión

Ingresó a Diputados un proyecto para prohibir el otorgamiento de la ciudadanía argentina por naturalización a cambio de pagos, aportes, donaciones, inversiones, compra de bienes o suscripción de títulos.

La iniciativa, presentada por Agustín Rossi, busca derogar las modificaciones que el DNU 366/2025 introdujo en la Ley de Ciudadanía N.º 346, el régimen conocido como “ciudadanía por inversión”, y dejar sentado que ninguna contraprestación económica puede reemplazar ni acortar el plazo de residencia que exige la Constitución.

El proyecto incorpora una cláusula según la cual ninguna inversión, aporte, donación o pago podrá constituir causal de naturalización ni sustituir o abreviar el plazo de residencia previsto en el artículo 20 de la Constitución.

El decreto que el proyecto pretende dejar sin efecto permite acceder a la ciudadanía mediante un aporte directo y no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional, o a través de la suscripción de un título público por 800.000 dólares.

También contempla pagos adicionales para cónyuges e hijos de los solicitantes. El programa fue anunciado por el Gobierno y, según los fundamentos de la iniciativa, involucra al Ministerio de Economía.

"Según el Decreto 524/2025, la Dirección Nacional de Migraciones decide, en 30 días hábiles, sobre la recomendación de la Agencia de Programas de Ciudadanía. Se anunció que el proceso involucrará a la SIDE, la UIF, el ministerio de Seguridad y “ministerio del Interior” . La justicia federal, los edictos y el fiscal fueron eliminados del trámite y ningún tercero puede oponerse, quedando el control en manos del mismo Poder Ejecutivo", criticó Rossi en su presentación.

El proyecto incorpora una cláusula según la cual ninguna inversión, aporte, donación o pago podrá constituir causal de naturalización ni sustituir o abreviar el plazo de residencia previsto en el artículo 20 de la Constitución.

Prohíbe, además, la emisión de títulos públicos que otorguen a sus compradores el derecho a pedir la ciudadanía o beneficios migratorios derivados de ella.

Impide que el Estado nacional, sus organismos o entes descentralizados contraten o se asocien con empresas especializadas para diseñar, promocionar o administrar programas de ciudadanía vinculados a una contraprestación económica, y prevé la rescisión automática de los acuerdos vigentes que tengan ese objeto.

En los fundamentos, Rossi cuestionó la constitucionalidad del programa y advierte consecuencias institucionales, migratorias y de soberanía. Sostiene que la condición de ciudadano no puede concebirse como un bien comercializable y que la Constitución exige la residencia como requisito central de la naturalización.

También afirmó que el Poder Ejecutivo avanzó sobre una facultad que la Constitución reserva al Congreso y que se encuentra prevista en el artículo 75 inciso 12, el cual atribuye al Parlamento la competencia para legislar sobre naturalización y nacionalidad. El proyecto recuerda que distintos tribunales declararon inválidas disposiciones del DNU 366/2025 por entender que la materia no podía regularse por un decreto de necesidad y urgencia.

“La ciudadanía argentina no está en venta y le corresponde a este Congreso decirlo con fuerza de ley”, dice uno de los pasajes. En otro, el diputado planteó: “La Argentina necesita inversiones, pero inversiones que se queden, generen empleo y paguen impuestos. El Congreso tiene la competencia exclusiva sobre la naturalización. Es su responsabilidad decir con claridad que la ciudadanía argentina no está en venta”.

Los fundamentos también mencionan riesgos que, según organismos y experiencias de otros países, se asocian a estos esquemas: lavado de dinero, evasión fiscal y deterioro de la credibilidad de los pasaportes.

Advierten que eso podría traducirse en mayores controles migratorios y financieros para los ciudadanos argentinos. El texto vincula además el programa con el debate sobre la extranjerización de tierras: una ciudadanía obtenida mediante una contraprestación económica podría, alerta, convertirse en una vía para eludir restricciones que alcanzan a extranjeros en la compra de inmuebles rurales o de terrenos en zonas de frontera.