01 de July de 2026
Edición 7486
Próxima Actualización: 02/07/2026
La Cámara Nacional Electoral anuló el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025 del presidente Javier Milei que desplazaba a los jueces federales y transfería a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina.
El tribunal consideró que la medida afecta derechos políticos protegidos por la Constitución y que no se configuraban las circunstancias de urgencia necesarias para dictar un DNU.
El DNU 366/2025 había dispuesto que la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio de Seguridad, asumiera en forma exclusiva la evaluación y el otorgamiento de la ciudadanía por naturalización.
En un fallo firmado por los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via y Daniel Bejas, la Cámara resolvió el caso de Liping Yang, un ciudadano chino cuya solicitud de carta de ciudadanía había sido rechazada por un juez federal de Entre Ríos.
Al revocar esa decisión de primera instancia, el tribunal declaró la inconstitucionalidad del DNU y ordenó que el trámite continúe bajo las reglas de la Ley 346 y su decreto reglamentario, es decir, ante los jueces federales con competencia electoral.
El núcleo del fallo radica en que el otorgamiento de la ciudadanía no es un trámite meramente administrativo o migratorio. Según la Cámara, se trata de un “vínculo jurídico-político” que habilita el ejercicio de derechos políticos, como el sufragio.
Por eso, modificar por decreto la competencia para decidir quién accede a ese estatus “encuadra en el supuesto vedado por el artículo 99, inciso 3° de la Constitución Nacional”, que prohíbe a los DNU regular materia electoral.
El tribunal también sostuvo que las razones expuestas por el Gobierno —que Migraciones resultaba el organismo más adecuado y que el trámite judicial era irrazonable— configuran cuestiones de “oportunidad, mérito o conveniencia” que corresponden al Congreso y no justifican eludir el procedimiento legislativo ordinario.
El DNU 366/2025 había dispuesto que la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio de Seguridad, asumiera en forma exclusiva la evaluación y el otorgamiento de la ciudadanía por naturalización.
El Gobierno había argumentado que esa transferencia simplificaría y agilizaría un proceso que, hasta ahora, tramitaba ante el Poder Judicial. Con la decisión de la Cámara Nacional Electoral, esa competencia vuelve a los jueces federales en todo el país.
El fallo ordenó notificar la sentencia al Ministerio de Seguridad para que instruya a Migraciones sobre su alcance, y también a todos los jueces federales con competencia electoral, a fin de unificar criterios y evitar resoluciones contradictorias.