08 de September de 2026
Edición 7532
Próxima Actualización: 09/09/2026
El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, aprobó un reglamento obligatorio para el uso, el diseño, el desarrollo y la adquisición de herramientas de inteligencia artificial en el Ministerio Público Fiscal.
La Resolución PGN N° 64/2026 fija lineamientos institucionales de cumplimiento obligatorio para todo el organismo y, de manera transitoria, prohíbe ingresar información reservada, actuaciones de causas en trámite o datos personales y sensibles en sistemas de acceso público, como los chatbots abiertos.
La resolución tiene un doble objetivo: orientar un uso confiable de la inteligencia artificial y consolidar un criterio ético, jurídico e institucional para que su incorporación contribuya a un servicio de justicia más eficiente.
El marco fue elaborado por el Programa de Inteligencia Artificial del MPF, creado en 2025 por la Resolución PGN N° 14/2025, a partir de un relevamiento interno publicado en agosto.
Ese estudio recabó la opinión de 2.339 integrantes del organismo —cerca del 40% de su dotación— sobre conocimiento, uso y percepciones de la tecnología. Según esos resultados, el 93,3% consideró oportuno que el Ministerio Público avance en su utilización y una amplia mayoría reclamó lineamientos, protección de datos y supervisión humana.
La resolución tiene un doble objetivo: orientar un uso confiable de la inteligencia artificial y consolidar un criterio ético, jurídico e institucional para que su incorporación contribuya a un servicio de justicia más eficiente.
El organismo precisó que esta tecnología “se concibe como una herramienta complementaria que no puede reemplazar el juicio jurídico, la interpretación normativa, ni la toma de decisiones sobre conflictos humanos”. También subrayó la necesidad de una gobernanza tecnológica que “garantice el control humano significativo en todas las etapas para el debido resguardo de derechos fundamentales”.
En lo inmediato, el punto más concreto es la veda transitoria. Hasta que se regule el uso individual dentro del Ministerio Público Fiscal, queda prohibido cargar en modelos o herramientas de IA de acceso público información reservada, piezas de causas en trámite y datos personales o sensibles.
La medida apunta a evitar que material de investigaciones o datos protegidos circulen por plataformas abiertas.
La norma también organiza el circuito interno para incorporar estas herramientas. Las dependencias deberán canalizar sus necesidades, evaluar riesgos y determinar la factibilidad técnica y jurídica bajo la órbita del Programa de Inteligencia Artificial, con control posterior de la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General.
En paralelo, la Dirección General de Capacitación y Escuela del MPF, junto con la Secretaría de Coordinación Institucional, diseñará un “Programa Permanente de Capacitación Práctica y Aplicada en IA”, orientado a competencias operativas, formulación de prompts, validación de resultados y mitigación de sesgos.
La Dirección General de Desarrollo Organizacional y Nuevas Tecnologías, en tanto, deberá avanzar de manera progresiva en entornos y herramientas propias y seguras para análisis de datos y gestión documental.
El reglamento se inscribe en la política de modernización impulsada por la Procuración General y llega en un escenario en el que, a nivel nacional, todavía no hay una ley específica de inteligencia artificial.
El propio organismo había tomado como referencia estándares internacionales al crear el Programa de IA en 2025.
La decisión no habilita un uso autónomo de estos sistemas ni autoriza que una decisión institucional se apoye únicamente en una respuesta automática: la supervisión humana queda como condición de la incorporación.
La norma ya está vigente para fiscales, funcionarios y áreas de planificación, control o auditoría que evalúen o supervisen estas herramientas.