El Ministerio Público Fiscal de la Nación difundió los resultados de su primer relevamiento interno sobre inteligencia artificial. Respondieron 2.339 integrantes del organismo —cerca del 40% de la dotación— y el 93,3% consideró oportuno que la fiscalía avance en el uso de esas herramientas.
El contraste es nítido: el 83,4% ya las usó en su vida personal, pero apenas el 32,6% las aplicó en el trabajo.
La encuesta se realizó entre el 6 de agosto y el 13 de septiembre de 2025. Fue voluntaria, anónima y confidencial, y estuvo dirigida a fiscales, funcionarios y personal de todas las dependencias.
Entre quienes ya utilizan IA en el trabajo, ChatGPT es la herramienta más difundida. Se emplea sobre todo en tareas de apoyo: búsqueda de jurisprudencia, corrección de textos y elaboración de resúmenes. El 96% de esos usuarios indicó que revisa siempre los resultados.
El cuestionario, adaptado del modelo de la Unesco sobre el uso de sistemas de IA por operadores judiciales, cubrió siete ejes: perfil de los encuestados, conocimiento y uso actual, aplicaciones percibidas como útiles, riesgos, lineamientos institucionales, capacitación y desafíos de implementación.
El estudio se enmarca en el Programa de Inteligencia Artificial creado en mayo de 2025 por la Resolución PGN 14/25, firmada por el procurador general interino, Eduardo Casal.
Esa norma encargó a la Secretaría de Coordinación Institucional —con intervención de las secretarías Disciplinaria y Técnica y de Administración y Recursos Humanos— diseñar una estrategia institucional, proponer estándares éticos y técnicos, relevar necesidades y priorizar proyectos bajo control humano.
Entre quienes ya utilizan IA en el trabajo, ChatGPT es la herramienta más difundida. Se emplea sobre todo en tareas de apoyo: búsqueda de jurisprudencia, corrección de textos y elaboración de resúmenes. El 96% de esos usuarios indicó que revisa siempre los resultados.
En los términos del informe, la IA se usa como insumo y no como producto final.
Las tareas predominantes para las que actualmente se usan los chatbots son tareas cognitivas de apoyo: búsqueda de bibliografía, doctrina y jurisprudencia (59,8%), corrección de textos (57,8%), resúmenes y síntesis (52,9%) y redacción de textos (46,4%).
El uso para tareas más sensibles –como elaboración de dictámenes (32,5%), análisis de evidencia o análisis estadístico– aparece en proporciones más bajas.
En cuanto a los obstáculos percibidos delinean con precisión la agenda de trabajo institucional. La falta de infraestructura tecnológica encabeza el listado (68,5%), reflejando una preocupación material concreta.
Le siguen dos preocupaciones de naturaleza distinta: la desconfianza en los resultados (63,1%) –que apunta a la calidad de la herramienta– y la falta de claridad normativa (54,7%) –que apunta a la falta de marcos institucionales.
La resistencia cultural (47,9%) y la falta de integración con los circuitos existentes (42,8%) aparecen en un segundo plano. El temor al reemplazo de funciones humanas (27,4%) es claramente minoritario.
El 79,4% se declaró dispuesto a participar en proyectos piloto. Al mismo tiempo, el 90,4% pidió capacitación específica. Una mayoría reclamó, como condición para una adopción responsable, lineamientos claros, protección de datos personales y garantía de supervisión humana.
Esas exigencias coinciden con los riesgos que el propio programa institucional había señalado al crearse: falta de transparencia, sesgos algorítmicos, impacto sobre derechos fundamentales y dilemas de privacidad asociados a herramientas generativas.
Los resultados, según el organismo, buscan aportar una base empírica para redactar lineamientos, diseñar formaciones y ordenar prioridades.