Abogado que no chequea, paga la suscripción de la IA

Un abogado fue sancionado por presentar un escrito con citas jurisprudenciales inexistentes generadas mediante inteligencia artificial. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó la multa y remarcó un aspecto que consideró especialmente relevante: el profesional no reconoció los hechos ni pidió disculpas, a diferencia de otros antecedentes.

El recurso se apoyaba en varias afirmaciones sobre supuestas omisiones de documentación policial y en doctrina jurisprudencial que, en realidad, no existía o no era aplicable al caso. Tras el análisis de la documental y del informe emitido por la responsable del Servicio de Documentación y Bibliotecas, la Sala concluyó que el escrito contenía numerosas citas incorrectas o apócrifas, en concreto al menos 25 sentencias invocadas como jurisprudencia.

Destacó, asimismo, que el uso de herramientas de inteligencia artificial no exime al abogado de su responsabilidad profesional, al tiempo que enfatizó que cualquier cita doctrinal o jurisprudencial debe ser comprobada antes de incorporarse a una presentación judicial.

Como parte de su fundamentación, el Tribunal español repasó dos precedentes recientes. En uno de ellos, un abogado había incorporado citas inexistentes atribuidas al Tribunal Constitucional. Aunque explicó que el error obedecía a una supuesta desconfiguración de una base de datos y reconoció que incluso podría haber intervenido una herramienta de inteligencia artificial, admitió su responsabilidad y pidió disculpas, lo que derivó en una sanción de apercibimiento.

Al momento de fijar la multa, el Tribunal calculó el importe tomando como referencia el costo anual aproximado de una suscripción a una herramienta de inteligencia artificial jurídica especializada —unos 840 euros— al considerar que, de haber sido utilizada, probablemente habría evitado los errores detectados.

También recordó un antecedente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, donde un letrado citó por error un artículo del Código Penal colombiano en lugar del español y atribuyó el fallo al uso inadecuado de ChatGPT. En ese caso, el tribunal remarcó la necesidad de mantener supervisión humana sobre las tecnologías emergentes.

Sin embargo, los jueces subrayaron que la situación analizada era distinta. Según la decisión, el abogado no admitió los hechos ni pidió disculpas, pese a que las irregularidades detectadas eran de mayor entidad que en los casos anteriores.

Al momento de fijar la multa, el Tribunal calculó el importe tomando como referencia el costo anual aproximado de una suscripción a una herramienta de inteligencia artificial jurídica especializada —unos 840 euros— al considerar que, de haber sido utilizada, probablemente habría evitado los errores detectados.