24 de July de 2026
Edición 7501
Próxima Actualización: 27/07/2026
El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal, que elimina los topes de ingresos y patrimonio para acceder al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.
La iniciativa busca ampliar la base de contribuyentes y alentar el ingreso al circuito formal de los dólares que permanecen fuera del sistema financiero.
Según el proyecto, los contribuyentes que se sumen al régimen deberán canalizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, mediante medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores.
El texto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dispone que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país podrán optar por la modalidad simplificada.
Hasta ahora, solo podían adherirse quienes declaraban un ingreso anual de hasta 1.000 millones de pesos y un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos. Esos límites quedan sin efecto.
Según el proyecto, los contribuyentes que se sumen al régimen deberán canalizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, mediante medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores.
El requisito se considera cumplido cuando esos canales se utilizan en el origen o en el destino de la operación. Los fondos que cumplan estas condiciones podrán acceder a los beneficios previstos por la Ley 27.799 hasta el 31 de diciembre de 2027, con un tratamiento específico en el Impuesto sobre los Bienes Personales.
La reforma redefine el concepto de “discrepancia significativa”, el parámetro que habilita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a impugnar una declaración jurada simplificada.
Esa discrepancia se configura cuando la impugnación genera un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15% respecto de lo declarado.
Al mismo tiempo, se mantiene intacta la facultad de ARCA de realizar controles integrales sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.
El proyecto también instruye a la Unidad de Información Financiera a dictar normas para que la adhesión al régimen sea considerada un antecedente favorable en los controles de prevención de lavado de dinero.
Sin embargo, aclara que esta consideración no exime a bancos, entidades financieras y demás sujetos obligados de cumplir con los procedimientos de identificación de clientes, debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas.
En el Congreso, la iniciativa será tratada en la primera semana de agosto. El oficialismo apunta a lograr su sanción antes de fines de ese mes.