Mil millones en honorarios y un jury en puerta

La Fiscalía de Estado de San Luis promovió una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento contra la titular del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental 5 de la Primera Circunscripción, Cynthia Fernández Paz, a quien acusa de haber incurrido en "desconocimiento inexcusable y grave del derecho", incumplimiento de sus deberes funcionales y graves irregularidades procesales.

La presentación fue formalizada por la fiscal de Estado, María Fabiana Zárate, por instrucción del gobernador Claudio Poggi, quien además reclamó públicamente que la magistrada sea enjuiciada y apartada preventivamente de sus funciones.

El planteo se origina en la causa "Asamblea Ciudadana por el Vulpiani c/ Gobierno de la Provincia de San Luis s/ Acción Preventiva de Daño Ambiental", en la que la jueza reguló honorarios por un total de $1.198.961.208 a favor de los abogados intervinientes.

Según surge de la denuncia, la magistrada dictó el 2 de marzo de 2026 una resolución mediante la cual consideró que, pese a tratarse de un proceso de monto indeterminado, correspondía asignarle un valor económico equivalente a 93.000 JUS, cifra que la Fiscalía estimó en casi $4.000 millones. Sobre esa base, reguló honorarios por el 30% del monto determinado.

Para la Fiscalía, la decisión "reemplaza el imperio de la ley por la voluntad arbitraria de la jueza" y vulnera el artículo 210 de la Constitución provincial, que exige que las sentencias sean fundadas en el derecho vigente. Además, sostiene que la magistrada omitió aplicar los topes previstos en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación y las pautas establecidas en la Ley de Honorarios local.

A través de su cuenta en la red social X -ex Twitter-, el gobernador Claudio Poggi calificó la regulación de honorarios como "estrafalaria, desmedida y grotesca" y sostuvo que cuando un funcionario público "pone en riesgo el patrimonio de todos los contribuyentes debe ser denunciado y enjuiciado dentro del Estado de Derecho".

El escrito presentado ante el Jurado afirma que la conducta denunciada excede una mera diferencia interpretativa y configura un "apartamiento manifiesto del ordenamiento jurídico", al transformar un proceso considerado por la propia jueza como de monto indeterminado en uno susceptible de cuantificación económica. Asimismo, cuestiona que los honorarios hayan sido fijados sobre porcentajes máximos y antes de la conclusión definitiva del proceso.

En paralelo, la Fiscalía solicitó que, una vez declarada admisible la denuncia, el Jurado disponga la suspensión preventiva de Fernández Paz mientras se sustancia el proceso de remoción. Entre los fundamentos invocados, mencionó la necesidad de preservar la confianza pública en la administración de justicia y evitar eventuales perjuicios institucionales o patrimoniales para el Estado provincial.

A través de su cuenta en la red social X -ex Twitter-, el gobernador Claudio Poggi calificó la regulación de honorarios como "estrafalaria, desmedida y grotesca" y sostuvo que cuando un funcionario público "pone en riesgo el patrimonio de todos los contribuyentes debe ser denunciado y enjuiciado dentro del Estado de Derecho".

Tras la recepción de la denuncia, el Jurado de Enjuiciamiento deberá convocar a la ratificación por parte de la denunciante y analizar su admisibilidad formal. Recién en esa instancia podrá resolver si corresponde abrir causa y tratar el pedido de suspensión preventiva de la magistrada.