GPS apagado por orden judicial

El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario 15 de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a una cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y suspendió la aplicación obligatoria del sistema “Hoja de Ruta Electrónica” (HRE), implementado por el Gobierno porteño para controlar asistencia mediante geolocalización. 

La causa fue iniciada por la ATE contra el GCBA mediante una medida cautelar autónoma. El gremio pidió suspender “la aplicación y todos los efectos derivados” del sistema de geolocalización denominado “Hoja de Ruta Electrónica”, destinado al control de asistencia del personal que trabaja en la vía pública o en distintos domicilios durante la jornada laboral.

Según relató ATE, el Gobierno porteño comenzó a implementar el sistema en abril de 2026 utilizando dispositivos móviles personales de los trabajadores. El sindicato sostuvo que la medida se adoptó “en forma intempestiva”, sin negociación colectiva previa, sin acto administrativo claro y sin garantías suficientes en materia de protección de datos personales.

El gremio cuestionó especialmente que los agentes debieran registrar múltiples “fichajes” durante toda la jornada mediante WhatsApp y geolocalización. Además, denunció problemas operativos, posibles descuentos salariales y sanciones disciplinarias derivados de fallas en el sistema, al tiempo que remarcó que muchos trabajadores realizan tareas territoriales, guardias y acompañamientos sociales incompatibles con “un sistema rígido y estandarizado de control horario por geolocalización”.

En este escenario, el magistrado Victor Trionfetti advirtió que la Ciudad no logró acreditar cuál es “el acto administrativo que disponga el uso de celulares o dispositivos análogos de propiedad de los trabajadores del GCBA para ser usados a fin de materializar el registro de la asistencia".

Por su parte, el GCBA defendió la herramienta y sostuvo que se trataba de un avance en la “despapelización” y modernización administrativa. Afirmó que el sistema no realiza seguimiento permanente de los trabajadores y que sólo verifica la ubicación “al momento del fichaje”. También indicó que existen mecanismos alternativos cuando un empleado no tiene conectividad o dispositivo operativo.

En este escenario, el magistrado Victor Trionfetti advirtió que la Ciudad no logró acreditar cuál es “el acto administrativo que disponga el uso de celulares o dispositivos análogos de propiedad de los trabajadores del GCBA para ser usados a fin de materializar el registro de la asistencia".

“La vía de hecho lesiona el principio de legalidad e inhibe la posibilidad de control de los actos de gobierno, los cuales deben enmarcarse dentro de la juridicidad propia de cada rama de gobierno. Una de las razones de la existencia del derecho administrativo en la actualidad es someter a escrutinio el ejercicio de la voluntad de la administración a través de pautas deónticas definidas, lo contrario es pura regresión y arbitrariedad”, concluyó.