Soberanía, censura y derechos digitales

La suspensión de RightsCon 2026 —el principal encuentro global sobre derechos humanos y tecnología— dejó algo más que vuelos cancelados y paneles suspendidos. Expuso hasta qué punto las discusiones sobre internet, vigilancia, inteligencia artificial y libertad de expresión dejaron de ser un asunto técnico para convertirse en un problema de poder internacional.

El evento debía realizarse entre el 5 y el 8 de mayo en Lusaka, Zambia, con más de 2.600 participantes presenciales, representantes de más de 150 países y centenares de organizaciones civiles, académicas y tecnológicas. Pero el encuentro nunca comenzó.

Según informó Access Now, la organización responsable de RightsCon, diplomáticos de la República Popular China habrían presionado al gobierno zambiano para excluir a participantes taiwaneses y moderar contenidos vinculados a Taiwán. Finalmente, Zambia suspendió el evento.

“El alcance de la represión transnacional dirigida contra la sociedad civil” quedó evidenciado, sostuvo Access Now en su comunicado oficial.

La situación rápidamente dejó de ser leída como un conflicto organizativo. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y ARTICLE 19 encuadraron el episodio dentro de los estándares de libertad de expresión, asociación y reunión protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos.

Para ARTICLE 19, la cancelación constituyó “un duro golpe para la libertad de expresión”, mientras que Human Rights Watch advirtió que la decisión plantea interrogantes sobre el compromiso de Zambia con las libertades civiles y la participación internacional en debates sobre tecnología y derechos humanos.

El episodio también reabrió un problema cada vez más frecuente: la llamada “represión transnacional”, es decir, mecanismos mediante los cuales un Estado extiende su capacidad de presión más allá de sus fronteras para condicionar actividades políticas, académicas o civiles desarrolladas en terceros países.

En este caso, el conflicto giró alrededor de Taiwán y la política de “una sola China”, uno de los ejes más sensibles de la diplomacia china contemporánea. Pero el impacto excedió ampliamente esa discusión.

RightsCon funciona desde hace años como uno de los espacios centrales para debatir vigilancia estatal, censura, regulación de plataformas, inteligencia artificial, seguridad digital y libertades en internet. La cancelación dejó expuesto que incluso estos foros pueden quedar atrapados en disputas geopolíticas.

Distintos especialistas señalaron que el episodio muestra hasta qué punto las estructuras tradicionales del derecho internacional resultan insuficientes frente a nuevas formas de presión política vinculadas con la gobernanza digital.

La ironía no pasó inadvertida para muchos participantes: un encuentro destinado a discutir derechos digitales terminó convertido en un ejemplo concreto de cómo opera el poder político sobre esos mismos espacios.

Desde el plano jurídico, el caso también abre preguntas sobre soberanía estatal, interferencia diplomática y garantías efectivas para la sociedad civil internacional. Distintos especialistas señalaron que el episodio muestra hasta qué punto las estructuras tradicionales del derecho internacional resultan insuficientes frente a nuevas formas de presión política vinculadas con la gobernanza digital.

En paralelo, el caso volvió a poner sobre la mesa otro fenómeno que preocupa a organizaciones civiles: el progresivo achicamiento del espacio cívico global mediante restricciones regulatorias, controles administrativos, dificultades migratorias, vigilancia y obstáculos a la financiación internacional.

El primer RightsCon se llevó a cabo en el año 2011 en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. Desde su creación en el corazón de Silicon Valley, el evento ha seguido una trayectoria de rotación geográfica para asegurar que el discurso global sobre derechos digitales esté conectado con diversas realidades regionales. A lo largo de los años, ha pasado por ciudades como Río de Janeiro (2012), Manila (2015), Bruselas (2017), Toronto (2018), Túnez (2019), San José (2023) y Taipéi (2025). La edición de 2026, que estaba programada para realizarse en Lusaka, Zambia, representaba la 14.ª edición de la cumbre.

En ese recorrido, RightsCon se consolidó como un espacio donde la tecnología se discute desde el derecho, la justicia y los derechos humanos. Su agenda suele incluir litigio estratégico, defensa del espacio cívico, cierres de internet, vigilancia estatal, protección de datos, privacidad, derecho al olvido y regulaciones de ciberseguridad que, según el contexto político, pueden operar como garantías o como herramientas de control.

También forman parte de ese ecosistema los debates sobre derecho internacional, justicia penal y responsabilidad corporativa. El uso de evidencia digital para documentar crímenes de guerra, torturas y violaciones de derechos humanos; los delitos facilitados por tecnología; el derecho a un juicio justo frente al avance de la inteligencia artificial; y la debida diligencia exigible a empresas tecnológicas integran una agenda que ubica a los derechos digitales como una nueva frontera jurídica. 

Por eso, la suspensión de la edición prevista en Zambia excede lo organizativo: interrumpe un foro global donde se discuten las reglas, los límites y las responsabilidades del poder en la era digital.