14 de May de 2026
Edición 7454
Próxima Actualización: 15/05/2026
a Corte Suprema de Justicia de la Nación puso fin este jueves al conflicto institucional que mantenía suspendida la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz y habilitó la incorporación inmediata de los cuatro magistrados designados durante la gestión del gobernador Claudio Vidal.
Con la decisión firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quedó ratificada la vigencia de la ley provincial 3949, aprobada por la Legislatura santacruceña en agosto del año pasado, que elevó de cinco a nueve el número de integrantes del máximo tribunal provincial.
En la sentencia, los ministros sostuvieron que “esta Corte no advierte que existan impedimentos para que los jueces designados según la ley 3949 asuman inmediatamente el cargo”. Además, señalaron que el Tribunal Superior “se encuentra integrado con el número legal de nueve miembros” y remarcaron que los nuevos jueces deberán intervenir “en todas las decisiones del tribunal” una vez cumplidos los requisitos formales.
La ampliación derivó en una fuerte disputa interna. La Asociación Gremial de Empleados Judiciales presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley y los nombramientos, mientras que cuatro integrantes del propio TSJ -Alicia Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta- resolvieron declarar nula la incorporación de los nuevos magistrados.
La reforma judicial había sido impulsada por el bloque oficialista Por Santa Cruz con el argumento de modernizar y agilizar el funcionamiento del tribunal provincial. Tras la sanción de la norma, Vidal promovió las candidaturas de Sergio Acevedo exgobernador y ex titular de la SIDE durante la presidencia de Néstor Kirchner-, José Antonio González Nora, Juan Lucio Ramón de la Vega y Gabriel Nolasco Contreras Agüero, quienes luego fueron designados por la Legislatura.
Sin embargo, la ampliación derivó en una fuerte disputa interna. La Asociación Gremial de Empleados Judiciales presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley y los nombramientos, mientras que cuatro integrantes del propio TSJ -Alicia Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta- resolvieron declarar nula la incorporación de los nuevos magistrados.
Frente a ese escenario, la Cámara de Diputados de Santa Cruz, la Fiscalía de Estado y los jueces designados recurrieron a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario. El máximo tribunal nacional aceptó revisar el caso y cuestionó la decisión adoptada por el TSJ provincial.
En el fallo, los ministros advirtieron que la resolución local presentaba “graves defectos de fundamentación” y sostuvieron que el conflicto trascendía los intereses particulares de las partes involucradas, ya que afectaba “la correcta integración de uno de los poderes del Estado local”.
La Corte también recordó que el artículo 5 de la Constitución Nacional establece que el gobierno federal debe garantizar el funcionamiento de las instituciones provinciales. En ese marco, cuestionó además que el tribunal santacruceño hubiera reconocido legitimación a la asociación gremial para impugnar la reforma mediante “genéricas afirmaciones”.