Eduardo Javier Lema Castillo: “El Colegio tiene que volver a defender al abogado”

Eduardo Javier Lema Castillo competirá por la presidencia del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF). Formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuenta con trayectoria en el ejercicio profesional independiente y es especialista en Derecho Civil, Comercial y Concursos. Encabeza la lista “Por Más Abogacía” y dialogó con Diario Judicial en la previa de las elecciones.

Diario Judicial: ¿Qué hará concretamente su gestión si el Congreso aprueba la eliminación de la matriculación obligatoria en el CPACF?

Eduardo Lema Castillo: Si se llegara a concretar la eliminación de la matrícula, obviamente interpondremos las medidas judiciales pertinentes, amparos y cautelares. No es algo que tampoco pueda ejecutarse fácilmente: no es que, si el Gobierno lo aprueba, de un día para el otro desaparecen los colegios. Hay matrículas, bonos, empleados, toda una logística que llevar adelante. Más allá de eso, nosotros, desde nuestra agrupación, tenemos un plan de agenda para realzar y demostrarle a la ciudadanía y a los colegas la necesidad del colegio, porque realmente se creó por una necesidad que hoy no está siendo satisfecha: el cuidado de la profesión y del abogado.

Queremos que haya una comisión de enlace permanente entre el Colegio y la Justicia en temas de honorarios

DJU: La encuesta CPACF-ACIJ reveló que el 40% de los abogados percibe que los honorarios se regulan por debajo de la ley. El bono de derecho fijo subió 827% en dos años. ¿Cómo va a conciliar la defensa de mejores honorarios con los costos crecientes que el propio Colegio le impone a la matrícula para litigar?

E. L. C.: Con respecto a los costos que afrontan los abogados y, a su vez, las bajas regulaciones de honorarios, es totalmente cierto. Nuestra agrupación está plenamente identificada con el abogado. Me pasa a mí y les pasa a todos nuestros colegas, porque somos abogados que vivimos y seguimos viviendo de nuestra profesión, y conocemos la problemática de la calle.

La realidad es que el colegio tiene un rol institucional en defensa del abogado, sí o sí. No puede estar al margen de estas regulaciones, que son un chiste. Ahí hay también un problema de la Justicia en cuanto a cómo entiende los honorarios para los abogados: deben pensar que somos de la realeza y estamos lejos de eso. Necesitamos vivir de esto, y los honorarios no se cobran todos los días. A veces uno lleva un juicio eterno hasta obtener una sentencia y después tiene que iniciar otro proceso solo para cobrar sus honorarios, que tarda lo mismo que el principal.

Nosotros consideramos que el Colegio tiene que intervenir. Queremos que haya una comisión de enlace permanente entre el Colegio y la Justicia en temas de honorarios. De hecho, existe: si ustedes se fijan en la página del Colegio, está la comisión de honorarios, pero la tienen de adorno, no hace absolutamente nada.

Y el tema del bono es entendible. No puede ser que el Colegio haya aumentado constantemente la matrícula y el bono, incluso en momentos de pandemia, sin considerar que la situación económica no acompaña. Entonces, la idea es ajustar los valores a la realidad, no al bolsillo personal de las autoridades de turno.

El Colegio de Abogados de Brasil tiene poder de veto al momento de elegirse jueces. Fíjense cómo interviene en otros lugares: interviene fuertemente el colegio de abogados, y acá está totalmente ausente. Nosotros queremos darle al Colegio un rol protagónico en la sociedad, porque es una institución que tiene que ser escuchada.

DJU: Existen un gran número de vacantes. ¿Qué herramienta concreta va a usar el CPACF —más allá de comunicados y reclamos administrativos— para forzar la cobertura de cargos?

E. L. C.: Con respecto a las vacantes y todo lo que eso acarrea, yo lo ubico dentro de lo que sería la gestión externa. Nuestros ejes de propuestas versan sobre la gestión externa y la gestión interna. La gestión interna tiene que ver con organizar el Colegio, la transparencia y la defensa del abogado. La gestión externa tiene que ver con el rol institucional que cumple el colegio.

Hoy el colegio nada dice sobre la tardanza en la designación. Por ejemplo, el Colegio de Abogados de Brasil tiene poder de veto al momento de elegirse jueces. Fíjense cómo interviene en otros lugares: interviene fuertemente el colegio de abogados, y acá está totalmente ausente. Nosotros queremos darle al Colegio un rol protagónico en la sociedad, porque es una institución que tiene que ser escuchada. Representa a más de ochenta mil matriculados, es el Colegio más grande del país. ¿Cómo puede ser que no se involucre en esos temas?

DJU: Si se implementa el traspaso, ¿Qué sucede con la matrícula, la competencia y las causas en trámite de los más de 80.000 abogados del CPACF que hoy litigan en tribunales nacionales con asiento en CABA?

E. L. C.: Desde lo que es la profesión privada no habría un gran impacto, pero esto provoca un desorden en la administración de justicia. Que las causas y los recursos que hoy son del Estado nacional pasen a la Ciudad no es algo que se haga de un día para el otro.

Entonces, cualquier implicancia que eso tenga sobre el abogado de a pie, el que litiga, nosotros vamos a estar ahí para defender y manifestarnos al respecto, incluso mediante presentaciones judiciales. Incluso si el traspaso llegara a ser perjudicial para el servicio de administración de justicia, presentaremos las medidas cautelares pertinentes. Tal como lo hicimos, por ejemplo, con la reforma laboral. Desde la agrupación Por Más Abogacía adherimos a una medida cautelar en la que pedimos la suspensión de ciertos artículos, junto con 35 colegios de abogados del interior del país.

Una semana y media después, el Colegio Público hizo lo mismo; es decir, esperó a ver qué hacía el resto y, ante la mala imagen política que le generaba la inacción, decidió actuar. Básicamente, llegó para la foto. Nosotros dimos el puntapié inicial junto con otros colegios del interior.

DJU: Un 24% de los abogados que detectan mal desempeño judicial no denuncia por temor a represalias dentro de la misma causa. ¿Qué mecanismo concreto implementará para que un matriculado pueda denunciar a un juez sin miedo a sufrir consecuencias en su expediente?

E. L. C.: El mal desempeño de la Justicia es una realidad. Ahí es donde el Colegio tiene un papel fundamental. Por un lado, debe recibir la denuncia del abogado y actuar realmente en la causa correspondiente, porque tiene esas potestades. De hecho, su propósito fundacional fue la defensa del abogado, incluso frente a otros poderes. Hago un paréntesis: cuando el Estado nacional nos dice “caranchos” y el colegio no responde, eso es grave.

Respecto del Poder Judicial, el Colegio también tiene que actuar a través de su intervención en el Consejo de la Magistratura. Allí representa al sector y ahí se decide la suerte de muchos jueces. Así como hay muchos que trabajan bien, hay algunos pocos que generan daño. El colegio tiene que hacer valer la defensa de la abogacía.

Respecto a los casos de citas inexistentes producto del uso de IA, hay que tener cierta consideración. El Tribunal de Disciplina tiene que actuar, pero en la graduación de las sanciones, obviamente, no aplicarían las más gravosas, porque todavía estamos en una etapa de aprendizaje.

DJU: Ya hay casos de abogados que presentaron jurisprudencia falsa generada por IA. ¿El Tribunal de Disciplina del CPACF debería sancionar esa conducta como falta ética autónoma, o alcanza con las figuras existentes? ¿Cómo protegerá a los abogados cuyo trabajo rutinario sea reemplazado por herramientas automatizadas?

E. L. C.: Respecto a los casos de citas inexistentes producto del uso de IA, hay que tener cierta consideración. El Tribunal de Disciplina tiene que actuar, pero en la graduación de las sanciones, obviamente, no aplicarían las más gravosas, porque todavía estamos en una etapa de aprendizaje.

El Colegio tiene que marcar que está mal, pero la profesión todavía está aprendiendo. Desde nuestra plataforma tenemos pensado capacitacones gratuitas en IA justamente para evitar esto. A medida que pase el tiempo y la IA se institucionalice más, si estas conductas continúan, las sanciones serán mayores.

Soy un fiel seguidor de la idea de que la abogacía no va a ser reemplazada, sino que vamos a tener que aprender a usar estas herramientas. Es una herramienta más. Cuando pasamos de la máquina de escribir a la computadora, no se perdió el trabajo, simplemente tuvimos que aprender a utilizar los programas.

DJU: Solo 13.660 abogados votaron en las elecciones de 2024 sobre un padrón de más de 80.000. Eso es menos del 17% de participación. ¿Por qué cree que más del 80% de la matrícula no vota y qué está dispuesto a cambiar?

E. L. C.: El compromiso del letrado se nota al momento de votar, pero no los culpo. El Colegio hace muchos años viene mostrando que está cooptado por un oficialismo y una oposición que hacen el juego entre ellos constantemente y lo utilizan como plataforma política, alejándose de la realidad del abogado.

Lo que yo puedo inferir es la desesperanza: colegas que sienten que el Colegio ya no los representa hace mucho tiempo. En nuestra plataforma estamos pensando acciones tendientes a cuidar al abogado. Nuestro rol es ese: fortalecer el colegio a nivel institucional frente a terceros y a la comunidad en general y, obviamente, internamente, que se lo cuide al colega, que se le dé servicio de verdad.

Otro punto son los noveles abogados. ¿Qué le da el Colegio? Solamente suman adherentes para cobrar matrícula, nada más. Nosotros estamos pensando en hacer una bolsa de trabajo donde conecte a noveles abogados con estudios que quieran, justamente, recibir abogados en etapa de formación. También capacitaciones especiales de formación, que sean gratuitas, por lo menos las primeras, para que tengan herramientas en la profesión.

El Colegio está ausente frente a las necesidades de ellos y eso es la tendencia que, lamentablemente, ya marcó la institución. Se está desdibujando y está totalmente adormecido. O, lo que es peor, que el oficialismo quiera, a propósito, desdibujar el colegio para que después el Gobierno nacional tenga una excusa de decir: “bueno, al fin y al cabo, los colegios no sirven”.

Tenemos un Colegio que está preparado institucionalmente para que pueda ayudar al abogado. Hay que gestionarlo como corresponde, y consideramos que nuestra agrupación tiene las personas suficientes, con capacidades suficientes, para hacerlo. Yo no estoy solo en esto: somos muchos colegas de altísimo nivel, tanto profesional como académico.