Alejandra García: "La defensa de la colegiación obligatoria va a ser una prioridad"

Alejandra García buscará suceder a Ricardo Gil Lavedra y convertirse en la primera mujer en presidir el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF). Encabeza la lista oficialista Unidad en Defensa de la Abogacía de cara a las elecciones que se celebrarán los próximos 21 y 22 de abril.

Es egresada de la UBA y actualmente se desempeña como Coordinadora Legal y Técnica del CPACF. En ese marco, dialogó con Diario Judicial en el marco de la serie de entrevistas a los candidatos previa a los comicios.

Diario Judicial: ¿Qué hará concretamente su gestión si el Congreso aprueba la eliminación de la matriculación obligatoria en el CPACF?

Alejandra García: No considero que eso vaya a ocurrir, porque no existen argumentos serios para eliminar la matriculación obligatoria. No es un privilegio corporativo ni una discusión interna de la abogacía: es una institución que cumple una función pública esencial para el funcionamiento del sistema de justicia.

La colegiación garantiza que el ejercicio profesional esté sujeto a reglas éticas y a un control efectivo. El Colegio Público verifica los títulos habilitantes y ejerce el control disciplinario a través del Tribunal de Disciplina, que evalúa las conductas profesionales con criterios técnicos propios de la abogacía.

Eliminarla no amplía libertades: elimina garantías, especialmente para los justiciables. De todos modos, frente a cualquier intento en ese sentido, la respuesta va a ser clara. La defensa de la colegiación obligatoria va a ser una prioridad, utilizando todas las herramientas disponibles, incluidas las acciones judiciales que correspondan.  

La defensa de los honorarios ha sido una línea central de nuestra gestión. Acompañamos a los matriculados y matriculadas en el reclamo de sus honorarios cuando las regulaciones fueron dictadas en violación de la Ley de Aranceles y creamos un Registro de incumplimientos para visibilizar estas prácticas.  

DJu: La encuesta CPACF-ACIJ reveló que el 40% de los abogados percibe que los honorarios se regulan por debajo de la ley. El bono de derecho fijo subió 827% en dos años. ¿Cómo va a conciliar la defensa de mejores honorarios con los costos crecientes que el propio Colegio le impone a la matrícula para litigar?

A.G: La defensa de los honorarios ha sido una línea central de nuestra gestión. Acompañamos a los matriculados y matriculadas en el reclamo de sus honorarios cuando las regulaciones fueron dictadas en violación de la Ley de Aranceles y creamos un Registro de incumplimientos para visibilizar estas prácticas. Además, impulsamos ante la Corte Suprema la actualización automática de la UMA, que hoy permite que los honorarios no queden desfasados frente a la inflación.

Ahora bien, el problema persiste porque muchos jueces siguen regulando por debajo de la ley. Frente a eso, el Colegio Público sostiene una intervención activa cada vez que se afecta el valor de nuestro trabajo.

En relación con el bono de derecho fijo, el dato mencionado no es correcto. Entre mayo de 2024 y marzo de 2026 el aumento fue del 69,02%. Además, es importante señalar que se trata de un costo propio de la litigación, que forma parte, junto con la tasa de justicia y las costas del proceso, de los gastos asociados a la decisión de litigar.

Nuestra política fue clara: no trasladar la crisis a toda la matrícula. El Colegio Público representa a abogados y abogadas que litigan, pero también a quienes asesoran, dictaminan o ejercen en otros ámbitos. Por eso entendimos que el esfuerzo no debía recaer en la matrícula —que pagan todos— sino en el bono, como un costo específico del litigio. Este criterio, además, fue planteado en el propio debate del Consejo.

En cuanto a la matrícula, recibimos un Colegio desfinanciado y, aun así, desde que asumimos en 2022 mantuvimos su valor en 2,4 UMA, cuando en 2019 era de 2,65 UMA y en 2018 de 5,77 UMA. Además, implementamos financiación -tanto con la banca pública como la privada- a tasa 0 para facilitar su pago. Es decir, mientras defendemos honorarios dignos, también cuidamos que el Colegio Público no se convierta en una carga adicional para el ejercicio profesional.

DJu: Existen un gran número de vacantes ¿Qué herramienta concreta va a usar el CPACF —más allá de comunicados y reclamos administrativos— para forzar la cobertura de cargos?

A.G: En esta gestión el Colegio Público intervino de manera sostenida para exigir la cobertura de las vacantes judiciales. No se limitó a pronunciamientos: realizó presentaciones institucionales ante el Poder Ejecutivo reclamando el envío de ternas y, junto con el Colegio de Abogados de la Ciudad y la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, promovió un recurso administrativo específico frente a la inacción en la cobertura de cargos. Ese trabajo conjunto permitió que el Poder Ejecutivo comenzara a enviar las ternas correspondientes, después de un período prolongado sin avances.

Ese es el camino que vamos a sostener: un Colegio Público que actúa institucionalmente, que articula con otras organizaciones de la abogacía y que utiliza las herramientas jurídicas disponibles para incidir en decisiones que afectan el funcionamiento del sistema de justicia y el ejercicio profesional.

La implementación del traspaso no afecta la competencia territorial del Colegio Público. La Ley 23.187 establece que el Colegio Público tiene el gobierno de la matrícula y el control del ejercicio profesional en el ámbito de esta ciudad.

Ahora bien, la cuestión no se agota en cubrir las vacantes, sino en cómo se cubren. Por eso acompañamos la propuesta de la Corte Suprema orientada a reducir la discrecionalidad en los procesos de selección y avanzar hacia criterios objetivos de idoneidad técnica, con mecanismos más transparentes y previsibles. En esa misma línea, el Colegio Público también requirió a los cuatro consejeros y consejeras de la Magistratura del estamento de la abogacía que se aboquen al tratamiento de las vacantes.

DJu: Si se implementa el traspaso, ¿Qué sucede con la matrícula, la competencia y las causas en trámite de los más de 80.000 abogados del CPACF que hoy litigan en tribunales nacionales con asiento en CABA? 

A.G: La implementación del traspaso no afecta la competencia territorial del Colegio Público. La Ley 23.187 establece que el Colegio Público tiene el gobierno de la matrícula y el control del ejercicio profesional en el ámbito de esta ciudad. En ese marco, la matrícula de los abogados y las abogadas se mantiene en el Colegio Público. De hecho, es la matrícula que hoy habilita su actuación tanto ante los tribunales nacionales como ante las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tampoco se ven afectadas las condiciones de ejercicio profesional. Los abogados y las abogadas continúan actuando en los procesos en los que intervienen, con las reglas procesales que se establezcan para garantizar la continuidad de las causas. 

El traspaso es una cuestión de organización judicial y de distribución de competencias entre jurisdicciones. No altera el régimen de matriculación ni el ejercicio profesional en la Ciudad de Buenos Aires.

DJu: Un 24% de los abogados que detectan mal desempeño judicial no denuncia por temor a represalias dentro de la misma causa. ¿Qué mecanismo concreto implementará para que un matriculado pueda denunciar a un juez sin miedo a sufrir consecuencias en su expediente?

A.G: No refleja la experiencia institucional del Colegio Público. A través de su Comisión de Defensa del Abogado y la Abogada, el Colegio Público recibe denuncias de matriculados y matriculadas que ven afectada su libertad o dignidad en el ejercicio profesional y les brinda acompañamiento institucional.

Desde el Colegio Público no solo promovimos la capacitación en inteligencia artificial, sino que también trabajamos para ordenar su uso profesional y advertir sus riesgos. 

Ese es el mecanismo que vamos a seguir fortaleciendo: que el Colegio Público  intervenga y respalde al matriculado para que no tenga que afrontar solo una situación de este tipo. El objetivo es claro: que quien decide denunciar cuente con el respaldo del Colegio Público y no quede expuesto en el marco de su actuación profesional.

DJu: Ya hay casos de abogados que presentaron jurisprudencia falsa generada por IA. ¿El Tribunal de Disciplina del CPACF debería sancionar esa conducta como falta ética autónoma, o alcanza con las figuras existentes? ¿Cómo protegerá a los abogados cuyo trabajo rutinario sea reemplazado por herramientas automatizadas?

A.G: La presentación de citas o jurisprudencia falsa constituye una falta ética, con independencia de la herramienta utilizada. El Código de Ética del Colegio Público ya establece deberes de veracidad y lealtad frente a la administración de justicia, por lo que esas conductas se encuentran alcanzadas por las normas vigentes. La inteligencia artificial no modifica ese punto: la responsabilidad sobre lo que se presenta en un expediente sigue siendo del abogado o la abogada.

En ese marco, desde el Colegio Público no solo promovimos la capacitación en inteligencia artificial, sino que también trabajamos para ordenar su uso profesional y advertir sus riesgos. Elaboramos la “Guía para el uso de IA en la abogacía” y los “Criterios orientadores para el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en la abogacía”, donde se fijan principios concretos como la supervisión humana obligatoria, la verificación de resultados, la protección de datos y el uso ético de estas herramientas.

Esto es fundamental porque la inteligencia artificial también presenta riesgos, como las denominadas “alucinaciones”, los problemas de confidencialidad y la responsabilidad profesional. No se trata de reemplazar el trabajo profesional, sino de incorporar herramientas que, bien utilizadas, pueden mejorar la calidad del servicio jurídico. En definitiva, hay que saber utilizarla de manera adecuada, ética y responsablemente.

DJu: Solo 13.660 abogados votaron en las elecciones de 2024 sobre un padrón de más de 80.000. Eso es menos del 17% de participación. ¿Por qué cree que más del 80% de la matrícula no vota, y qué está dispuesto a cambiar en la forma de gobernar el Colegio para que esos abogados sientan que la institución les sirve de algo?

A.G: La falta de participación no es un fenómeno nuevo, ni exclusivo de la abogacía. Históricamente, los niveles de participación se han mantenido en valores similares y es una tendencia que se verifica también en otros ámbitos, incluso en elecciones nacionales. A eso se suma un cambio en las formas de ejercicio profesional: la virtualidad y la menor presencialidad en tribunales hacen que los matriculados y las matriculadas ya no se desplacen como antes, lo que también impacta en la dinámica de participación.

Por eso es importante que los abogados y las abogadas participen. El Colegio Público tiene un rol central en el ejercicio profesional: defiende la matrícula, interviene cuando se afectan nuestros derechos, capacita de manera permanente y brinda herramientas concretas para el trabajo diario.

Hoy el Colegio Público ofrece espacios adaptados a las nuevas formas de ejercicio profesional, cuenta con un campus virtual, una biblioteca modernizada y herramientas tecnológicas como la App, que facilitan la tarea cotidiana. La participación fortalece al Colegio Público y permite sostener una institución que funciona, que está abierta, que escucha y que interviene cuando se afectan los derechos de los abogados y las abogadas.