Con 149 votos a favor y 100 en contra, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en el marco de un nuevo Régimen Penal Juvenil.
El proyecto, impulsado por La Libertad Avanza, obtuvo el apoyo de bloques como la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo e Independencia. En contra se alinearon Unión por la Patria (peronismo), el Frente de Izquierda, Elijo Catamarca y Defendamos Córdoba.
La iniciativa establece la aplicación del Régimen Penal Juvenil a adolescentes de entre 14 y 18 años cuando sean imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales, vigentes o futuras.
Entre sus puntos clave, se prohíbe la pena perpetua y se fija un máximo de 15 años de prisión para delitos graves.
Los menores deberán cumplir condenas en establecimientos separados de los adultos, priorizando sanciones alternativas para penas menores a tres años o entre tres y diez años sin lesiones graves o muerte involucrada.
Estas medidas incluyen enfoques educativos y sociales, como programas de reinserción, en lugar de la privación de libertad inmediata.
Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal y miembro informante, enfatizó que el objetivo no es “amontonar menores en cárceles” sino resocializarlos, criticando el régimen actual por sus “medidas restrictivas vagas”.
Por el contrario, Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, cuestionó la “campaña de marketing” de figuras como Patricia Bullrich con lemas como “delito de adulto, pena de adulto”, argumentando que distrae de soluciones integrales para la seguridad en el país.
El Ejecutivo fundamentó su decisión al sostener que "la legislación argentina se encuentra en minoría en la región en cuanto al umbral de imputabilidad".
La iniciativa establece la aplicación del Régimen Penal Juvenil a adolescentes de entre 14 y 18 años cuando sean imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales, vigentes o futuras.
Según se explicó durante el debate legislativo, el sistema reconoce un conjunto de principios y garantías específicas para las personas adolescentes imputadas.
Entre ellos se incluyen el principio de legalidad; la necesidad, proporcionalidad e idoneidad de las medidas restrictivas de derechos; el debido proceso y el derecho de defensa; el principio de in dubio pro reo y la interpretación más favorable al menor; la orientación educativa y resocializadora de las penas; el respeto a la dignidad humana; la prohibición de discriminación; el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y la tutela judicial juvenil.
El régimen prevé que las penas privativas de libertad puedan cumplirse en el domicilio, en institutos abiertos, en institutos especializados de detención o en sectores separados dentro de establecimientos penitenciarios.
En todos los casos, la decisión deberá ser adoptada por un juez o tribunal mediante una resolución fundada, que indique expresamente los motivos de la privación de la libertad y el lugar de cumplimiento.
El proyecto también aclara que la declaración de inimputabilidad de un niño, niña o adolescente no implicará la suspensión de la investigación penal, que deberá continuar para determinar la existencia del hecho ilícito y la posible participación de terceros.
En cuanto a las condiciones de detención, se establece que los adolescentes deberán ser alojados en institutos adecuados o en áreas separadas de las cárceles de adultos, con infraestructura específica y personal capacitado para el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal.