Con el respaldo de la Corte de Justicia de Salta, el proyecto de Reforma del Código Procesal Penal provincial, que ya cuenta con media sanción de Diputados, cerró su ronda de consultas en el Senado y obtuvo dictamen favorable para su tratamiento en el recinto.
El encuentro final de la ronda se realizó ante las comisiones de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, y de Justicia, Acuerdos y Designaciones del Senado, encabezadas por los senadores Mashur Lapad, Jorge Soto y Javier Mónico. Por la Corte participaron su presidenta, Teresa Ovejero, y el juez Pablo López Viñals, quienes destacaron el carácter histórico de la reforma.
Según López Viñals, al completar la transición iniciada en 2011, el nuevo Código Procesal Penal “constituirá un cambio radical en la administración de justicia de Salta”. Subrayó, asimismo, que este es un código “absolutamente nuevo, que reemplaza el uso del acta de papel como soporte principal del proceso, una práctica que a menudo causaba demoras innecesarias debido a las formalidades en la redacción”, al tiempo que destacó que la incorporación de video grabaciones no solo mejora la eficiencia, sino que también garantiza transparencia en los procedimientos judiciales.
Por su parte, Ovejero resaltó que la reforma es una herramienta útil para brindar un mejor servicio de justicia, orientada siempre a “mejorar la experiencia del justiciable, con un enfoque en la agilidad y eficacia del sistema, buscando hacer la justicia más accesible y transparente para la ciudadanía”.
Con la firma del dictamen de comisión, el proyecto quedó listo para ser tratado en las próximas sesiones del Senado, marcando un paso decisivo hacia la implementación del nuevo modelo procesal penal en Salta.
Entre los puntos debatidos durante la ronda de consultas se destacaron el plazo de tres días para resolver la prisión preventiva y la revisión horizontal de los recursos. López Viñals defendió el acortamiento de plazos, al considerar que, en la práctica 72 horas son suficientes y argumentó que se deben eliminar los modos burocráticos que provocan demoras innecesarias. En casos de mayor complejidad, aclaró que el plazo podría extenderse, pero solo de forma excepcional.
En cuanto a la revisión horizontal de recursos, el juez subrayó su valor como mecanismo para agilizar las respuestas judiciales, lo que “evita la concentración del poder en un solo órgano, garantizando una mayor democratización de la justicia”.
Entre otras cuestiones, el proyecto incorpora además el uso de herramientas tecnológicas, audiencias orales grabadas, plazos diferenciados según la complejidad de las causas y una Oficina Judicial destinada a optimizar la gestión administrativa. También habilita audiencias remotas para facilitar el acceso a la justicia en todo el territorio provincial. Anticiparon que con 20 salas de audiencia equipadas y listas para su puesta en marcha, el sistema de oralidad podría implementarse en febrero, sin necesidad de expandir significativamente la infraestructura edilicia, gracias a la virtualidad.
Durante el debate, senadores como Soto, Mónico, Caro Dávalos y Cornejo coincidieron en la necesidad de acercar la justicia a la ciudadanía y destacaron la importancia de la oralidad, la inmediatez y la transparencia de los procesos. Lapad, por su parte, valoró “la actitud de la justicia para asumir el riesgo de modificar el Código Procesal Penal con el fin de mejorar la calidad de la justicia”.
Con la firma del dictamen de comisión, el proyecto quedó listo para ser tratado en las próximas sesiones del Senado, marcando un paso decisivo hacia la implementación del nuevo modelo procesal penal en Salta.