Se lanzó una encuesta sobre la aplicación de la Ley 27.423 y el procedimiento de cobro de honorarios profesionales. La iniciativa es impulsada por dos agrupaciones de abogados y está dirigida a litigantes de todo el país.
El relevamiento, impulsado por la Asociación Transformadora y Abogados del Fuero, se extenderá hasta el próximo 4 de septiembre. Su objetivo es conocer las problemáticas que enfrentan los profesionales, indagar sobre las diferencias entre jurisdicciones, los criterios aplicados y las dificultades específicas que atraviesan.
Entre otros puntos, la encuesta busca determinar si los juzgados aplican los mínimos establecidos en UMA según la Ley de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal (27.423), qué procedimientos se siguen en caso de incumplimiento de los honorarios regulados y con qué frecuencia los abogados tienen problemas para cobrar sumas ya fijadas.
Cabe recordar que en mayo pasado, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 45, a cargo de Carlos Goggi, declaró de oficio la inconstitucionalidad de la Ley 27.423 en un caso concreto y decidió aplicar, al pedido de regulación de honorarios, las normas legales anteriores a su sanción.
Nahuel Altieri, presidente de Abogados del Fuero, explicó a Diario Judicial que la encuesta surgió frente a la “violación sistemática por parte de los magistrados de la justicia nacional y federal a la Ley de Honorarios”. En este sentido, remarcó que el objetivo es “visibilizar el vergonzoso incumplimiento de una norma de carácter nacional sancionada por el Congreso” y destacó que los honorarios “son de carácter alimentario”. “Los abogados somos la última barrera de defensa de los particulares ante los abusos de las grandes estructuras”, señaló.
Con los datos obtenidos, las agrupaciones prevén impulsar, de manera orgánica y con el respaldo de asociaciones profesionales, las denuncias correspondientes “hasta tanto se cumpla con la ley”.
Cabe recordar que en mayo pasado, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 45, a cargo de Carlos Goggi, declaró de oficio la inconstitucionalidad de la Ley 27.423 en un caso concreto y decidió aplicar, al pedido de regulación de honorarios, las normas legales anteriores a su sanción.
Esa resolución motivó una denuncia del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. En ese expediente, la Comisión de Disciplina resolvió citar al juez en la causa “De la Torre Jimena (Consejera) – Rem. Pres. Del Pte. Coleg. Pub. Abog. Cap. Fed. s/ act. Dr. Goggi C.”, a cargo del consejero Diego Barroetaveña, por presunto incumplimiento reiterado de la normativa.