El Máximo Tribunal rechazó una demanda de nulidad promovida por Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. contra el Estado Nacional y dejó firme una multa impuesta mediante el artículo 3 del Decreto 664/2012, con costas, en el marco de un proyecto de promoción no industrial vinculado a la plantación de yerba mate clonal en el departamento Santo Tomé, Provincia de Corrientes.
El expediente tramitó en la competencia originaria, con intervención de la Provincia de Corrientes citada como tercero interesado en los términos del artículo 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La decisión contó con las firmas de Horacio Daniel Rosatti, Silvia Monica Fariña, Mirta Delia Tyden, Walter Fabian Carnota y Ricardo Luis Lorenzetti.
El proyecto aprobado por el Decreto 1535/1998 preveía erradicar 600 hectáreas de yerba mate de baja densidad y productividad para reemplazarlas por 200 hectáreas de plantaciones clonales superiores, con una inversión total comprometida de $965.952 y dotaciones de personal permanentes y temporarias que debían elevarse tras la puesta en marcha, prevista para denunciarse antes del 31 de diciembre de 2003.
Trece años después, el Decreto 664/2012 dispuso el decaimiento de los beneficios otorgados bajo el régimen de la Ley 22.021 y aplicó la multa del 8% sobre el monto de la inversión comprometida por incumplimientos ligados a la fecha de puesta en marcha y al personal afectado.
La empresa actora limitó su impugnación al artículo 3 de la norma que aplicó la multa, tras acogerse al régimen de regularización impositiva de la Ley 26.476 respecto de los beneficios fiscales de ganancias e IVA diferido. Al respecto, la sentencia señaló que la firma, mediante un acto procesal, "asumía el desistimiento de toda discusión relativa a los gravámenes regularizados, lo que, en autos, implica que no se dispute ni el pago del impuesto a las ganancias ni el propio del impuesto al valor agregado diferido, que actualmente se concreta en el marco de la Ley 26.476", pero sostuvo que ello no impedía cuestionar la multa.
En el voto de Ricardo Luis Lorenzetti y Silvia Monica Fariña se añadió que los beneficios tributarios constituyen "privilegios" que exigen un estricto cumplimiento de las condiciones fijadas y que la empresa no acreditó la incorporación de nuevo personal posterior al decreto ni el cumplimiento en término de la denuncia de puesta en marcha.
Para desestimar el planteo, el voto mayoritario sostuvo que el decaimiento de beneficios y la sanción son consecuencias de los mismos incumplimientos atribuidos al proyecto y que la demandante no podía ponerse en contradicción con sus propios actos al consentir los incumplimientos tributarios y cuestionar la multa derivada de ellos. Además, se destacó que la Ley 26.476 excluye expresamente de la regularización impositiva "las obligaciones e infracciones vinculadas con regímenes promocionales que concedan beneficios tributarios".
En el voto de Ricardo Luis Lorenzetti y Silvia Monica Fariña se añadió que los beneficios tributarios constituyen "privilegios" que exigen un estricto cumplimiento de las condiciones fijadas y que la empresa no acreditó la incorporación de nuevo personal posterior al decreto ni el cumplimiento en término de la denuncia de puesta en marcha.
Asimismo, se puntualizó que las prórrogas dispuestas por autoridades provinciales no podían alterar los plazos fijados en el régimen nacional y que las provincias actúan como agentes naturales del Gobierno federal en el marco del artículo 128 de la Constitución Nacional, sin poder imponer una interpretación de las leyes nacionales.