Cambiar de sede no es un viaje gratis

La Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo, integrada por María Dora González y Víctor Arturo Pesino, confirmó que una trabajadora se colocó legítimamente en situación de despido indirecto luego de que la empresa trasladara su lugar de trabajo de Barracas a Vicente López sin compensar los mayores gastos y tiempos de viaje.

La trabajadora cumplía tareas en la sede de la zona de Barracas, en el horario de 8 a 17.30. Luego, la empresa dispuso su traslado a una nueva sede en Vicente López, con una jornada de 8 a 17. La empleada intimó a la firma para que arbitrara los medios necesarios para continuar con las mismas condiciones laborales, pero ante la negativa patronal se consideró despedida el 22 de febrero de 2021.

La empresa apeló la sentencia de primera instancia y sostuvo que el traslado respondía a la mudanza de su establecimiento y al ejercicio de sus facultades organizativas. También cuestionó la valoración de los testimonios y argumentó que la trabajadora no había acreditado perjuicios concretos. Incluso señaló que había iniciado su trámite jubilatorio con posterioridad al distracto.

Sin embargo, la jueza María Dora González, cuyo voto fue acompañado por Pesino, recordó que el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo reconoce la facultad del empleador de modificar determinadas condiciones laborales, aunque dentro de límites de razonabilidad y funcionalidad.

En ese sentido, explicó que el ejercicio del ius variandi no puede ser arbitrario y debe respetar los intereses materiales y morales de los trabajadores. De acuerdo con los propios mapas acompañados por la empresa, el traslado desde el domicilio de la trabajadora hasta la antigua sede insumía una hora y seis minutos de ida. En cambio, llegar a Vicente López demandaba una hora y cincuenta minutos, mientras que el regreso llevaba aproximadamente dos horas y cinco minutos.

Según se desprende de la causa, la modificación implicaba que la empleada destinara cerca de tres horas y 55 minutos diarios a viajar. La Cámara laboral también tuvo en cuenta que la trabajadora se encontraba realizando un tratamiento por una dolencia y que el cambio de sede incidía directamente en esa situación.

La empleadora argumentó que uno de sus compañeros la trasladaba en su vehículo particular. Sin embargo, la jueza descartó que eso pudiera considerarse una solución empresarial y señaló que se trataba de un acuerdo individual entre trabajadores y que no podía ser considerado "una prestación proporcionada por la empleadora ni, mucho menos, un mecanismo de compensación".

Además, la empresa había rechazado compensar los mayores gastos de traslado y la falta de comedor en el nuevo establecimiento. El propio jefe de Recursos Humanos confirmó que no se haría lugar a esos reclamos.

La sentencia también valoró que la trabajadora asistía a clases de yoga los martes y jueves a las 19, una actividad que formaba parte de su organización personal y que podía verse afectada por la modificación de los tiempos de viaje.

La empleadora argumentó que uno de sus compañeros la trasladaba en su vehículo particular. Sin embargo, la jueza descartó que eso pudiera considerarse una solución empresarial y señaló que se trataba de un acuerdo individual entre trabajadores y que no podía ser considerado "una prestación proporcionada por la empleadora ni, mucho menos, un mecanismo de compensación".

Tampoco alcanzó con que la empresa hubiera comunicado previamente el traslado. Para la magistrada, el silencio de la dependiente no podía interpretarse como consentimiento frente a las consecuencias perjudiciales de la modificación. "Su silencio jamás pudo haber sido interpretado como un consentimiento o una manifestación de voluntad tendiente a convalidar la medida", sostuvo la sentencia y concluyó que la decisión patronal configuró "un ejercicio discrecional y arbitrario del ius variandi, sin justificación objetiva".