Programados contra el Cibercrimen

El Ministerio de Justicia creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB), una nueva estructura destinada a concentrar y coordinar las acciones de política criminal vinculadas con los delitos cometidos mediante tecnologías, la evidencia digital, los activos virtuales y los desafíos derivados de la inteligencia artificial.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 483/2026, firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y publicada este viernes en el Boletín Oficial. El programa funcionará dentro de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia y tendrá como objetivo diseñar, coordinar, implementar y evaluar acciones orientadas a la prevención, investigación y persecución penal de la ciberdelincuencia. 

"La obtención y preservación de evidencia digital y la adopción oportuna de medidas de investigación y, exige fortalecer los mecanismos de articulación y cooperación entre las autoridades judiciales, los ministerios públicos, los organismos públicos competentes, las entidades financieras, los proveedores de servicios de activos virtuales y demás actores relevantes"

Según surge de la resolución, la creación del PRONACIB responde a la evolución de las modalidades delictivas vinculadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones. El Ministerio destacó, entre otros desafíos, la identificación de los autores, la obtención y preservación de evidencia digital y la necesidad de fortalecer las capacidades de ciberseguridad aplicadas a la investigación criminal. También señaló el carácter frecuentemente transnacional de este tipo de delitos. 

El abordaje de los activos virtuales es uno de los ejes novedosos del programa, debido a su utilización "para cometer, facilitar u ocultar conductas delictivas plantea desafíos específicos para la identificación y trazabilidad de las operaciones".

"La obtención y preservación de evidencia digital y la adopción oportuna de medidas de investigación y, exige fortalecer los mecanismos de articulación y cooperación entre las autoridades judiciales, los ministerios públicos, los organismos públicos competentes, las entidades financieras, los proveedores de servicios de activos virtuales y demás actores relevantes", expresa el texto.

El PRONACIB deberá promover capacidades para la identificación, rastreo, trazabilidad, aseguramiento, incautación y análisis de estos activos y de la evidencia digital asociada. La resolución también contempla la articulación con entidades financieras, proveedores de servicios de activos virtuales y otros actores relevantes. 

El vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes, plantea nuevos desafíos para la política criminal, tanto por su posible utilización para cometer, facilitar, automatizar u ocultar delitos como por su creciente aplicación en la investigación penal, el análisis de información y el funcionamiento del sistema de justicia",

"Que, asimismo, el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes, plantea nuevos desafíos para la política criminal, tanto por su posible utilización para cometer, facilitar, automatizar u ocultar delitos como por su creciente aplicación en la investigación penal, el análisis de información y el funcionamiento del sistema de justicia", señala el texto, que reconoce que la inteligencia artificial constituye otro de los componentes centrales del programa.

El anexo establece además que deberán elaborarse lineamientos para su utilización bajo criterios de legalidad, transparencia, trazabilidad, seguridad, protección de datos personales, auditabilidad y supervisión humana. 

Mesas con organismos públicos y privados

El PRONACIB podrá constituir mesas interinstitucionales de articulación, generales o especializadas, con organismos públicos, autoridades judiciales, ministerios públicos, fuerzas de seguridad y otros actores vinculados con la materia. El esquema también contempla la participación de instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, empresas tecnológicas, plataformas digitales, proveedores de servicios de activos virtuales y entidades financieras. 

La resolución establece, además, que el tratamiento de datos personales realizado dentro de las acciones del programa deberá ajustarse a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, su decreto reglamentario y demás normativa aplicable. 

En materia de cooperación internacional, el nuevo programa deberá articularse con la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital, creada en 2019 y designada como punto de contacto de la Red 24/7 prevista por el Convenio de Budapest. El PRONACIB también promoverá la coordinación con la Cancillería, que actúa como autoridad central argentina en el marco de ese convenio. 

La nueva estructura reemplaza el esquema anterior. La Resolución 483/2026 derogó las Resoluciones 69/2016 y 640/2016, que habían creado y reorganizado el Programa Nacional contra la Criminalidad Informática, y la Resolución 317/2024, mediante la cual se había creado la Mesa de Trabajo de Ciberdelito. El Ministerio justificó el cambio en la necesidad de contar con un marco “actualizado e integral” que concentre las acciones sobre ciberdelincuencia y evidencia digital. 

Como coordinador del PRONACIB fue designado Mariano Tomás Rivas, asesor de la Subsecretaría de Política Criminal, quien ejercerá la función ad honorem y tendrá a su cargo la coordinación y seguimiento de las acciones del programa.