Cincuenta sombras del lector de patentes

El 10 de mayo de 2026, el ayudante del sheriff del condado de Tulsa Freddie Alaniz estaba estacionado al costado de una autopista cuando vio pasar una camioneta Mazda con patente de California. La cámara montada en su patrullero registró la chapa. Alaniz salió detrás del vehículo y, sin otro dato que su origen, la consultó en Flock, uno de los dos sistemas de lectura automática de patentes (ALPR) a los que tenía acceso. Como motivo de la búsqueda cargó "infracción de tránsito" e "investigación".

Los sistemas ALPR reciben las lecturas de cámaras fijas y de patrulleros, y registran cada patente con fecha, hora y lugar. El resultado mostró que la camioneta había viajado desde Locust Grove, Oklahoma, hasta la zona de la frontera entre California y Arizona, y que regresaba hacia Missouri tras una estadía breve.

Mientras la seguía, el agente observó que la conductora cambiaba de carril sin señalizar con la anticipación debida y que circulaba a unos nueve metros del auto de adelante. La detuvo. Melisa Susan Kyle le explicó que el vehículo era alquilado y que había ido a California a visitar a familiares que no veía desde hacía años. Alaniz le devolvió la licencia con una advertencia escrita.

Inmediatamente después, le dijo que trabajaba en "interdicción criminal" y que, según su experiencia, quienes hacen viajes muy cortos a California suelen transportar drogas. Le pidió permiso para revisar el auto. Kyle se negó, y el agente le anunció que quedaba detenida para pasar el perro antidrogas. Ya retenida, la mujer admitió tener algo de marihuana. El perro marcó, los policías revisaron el vehículo y Kyle fue arrestada.

La Cuarta Enmienda, "normalmente exige que las fuerzas de seguridad tengan causa probable antes de realizar un registro o una detención".

Un control que debió terminar

La jueza Sara E. Hill, del Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de Oklahoma, consideró que el control que dio origen al caso "United states v. Kyle" estuvo justificado en su origen, porque la distancia que guardaba Kyle respecto del auto de adelante daba una base objetiva para detenerla.

Para llegar a esa conclusión, la magistrada parte de la regla general. La Cuarta Enmienda, recuerda, "normalmente exige que las fuerzas de seguridad tengan causa probable antes de realizar un registro o una detención". Los controles vehiculares funcionan como una excepción limitada a esa regla, creada en Terry v. Ohio (1968), que admite detenciones breves cuando existe una sospecha razonable y articulable de actividad delictiva. Ese estándar, aclara, "exige menos que la preponderancia de la prueba, y ciertamente menos que la causa probable".

Sin embargo, y siguiendo la jurisprudencia del Décimo Circuito, la magistrada recuerda que, una vez devuelta la licencia, el control termina y el conductor debe quedar en libertad de irse. Prolongar la detención exige una sospecha razonable de actividad criminal, desarrollada durante el control. Ese momento quedó fijado cuando Alaniz anunció que Kyle estaba detenida, antes de que ella mencionara la marihuana. Lo que surgió después, aclara, es irrelevante.

La fiscalía argumentó que habbía razones, entre las que enumeró el viaje corto, las dudas de Kyle sobre qué día había salido, la cantidad de equipaje, el cigarrillo, el auto alquilado y los nervios. Hill las examina una por una a partir de los videos y concluye que Kyle repasaba en voz alta los días de la semana para recordar, que Needles y Bullhead City están a unos 30 kilómetros en orillas opuestas del río Colorado, y que su nerviosismo fue el ordinario de cualquier conductor detenido. Frente al argumento del viaje corto, recuerda que "muchos de nosotros manejamos más de lo que quisiéramos para llegar a un destino, o a ningún destino que no sea la ruta y el paisaje que tenemos por delante".

Con cita de United States v. Leon (10° Cir., 2023), la jueza sostiene que los factores invocados deben descartar una porción sustancial de viajeros inocentes, y que estos no lo hacen. Califica la sospecha del agente como "incipiente antes que razonable" y declara que toda la prueba obtenida a partir de la prolongación debe ser suprimida.

La consulta fue registro

Hill reconoce que casi todos los tribunales que examinaron la cuestión, incluidos tres tribunales federales de Oklahoma, concluyeron que el uso de lectoras de patentes no es un registro, porque nadie tiene expectativa de privacidad sobre sus movimientos en la vía pública. A su juicio, esas decisiones dan demasiado peso a la letra de United States v. Knotts (1983).

Para entender lo que está en juego hay que partir de qué cuenta como "registro" bajo la Cuarta Enmienda. Desde el voto concurrente del juez Harlan en Katz v. United States (1967), la Corte Suprema considera que hay registro cuando el Estado se entromete en un ámbito sobre el que la persona tiene una expectativa de privacidad que la sociedad está dispuesta a reconocer como razonable. El test combina dos pasos: que la persona haya manifestado una expectativa subjetiva de privacidad y que esa expectativa sea objetivamente legítima.

Hill recupera ese punto de partida con la fórmula de Katz que dice que la Cuarta Enmienda "protege a las personas, no a los lugares." y lo completa con la versión que la Corte reiteró este año en Chatrie respecto de que "cuando una persona busca preservar algo como privado, y su expectativa de privacidad es una que la sociedad está dispuesta a reconocer como razonable, la intromisión gubernamental en esa esfera privada constituye, en general, un registro".

En ese entendimiento, si la consulta a la base es un registro, la regla general exige una orden judicial fundada en causa probable, y la búsqueda hecha sin ella se presume irrazonable salvo que encuadre en alguna de las excepciones reconocidas. Si no lo es, la policía puede consultar esas bases cuando quiera, sobre quien quiera y sin dar explicaciones a ningún juez. La tesis mayoritaria se apoya en que lo que alguien expone al público al circular por la vía pública queda fuera de la protección constitucional.

Hill se inscribe en lo que la doctrina estadounidense llama "teoría del mosaico". La idea es que ciertos actos de vigilancia, inofensivos uno por uno, pueden constituir un registro cuando se los mira en conjunto, porque la suma revela lo que ninguna pieza muestra por separado. La formuló el Circuito del Distrito de Columbia en United States v. Maynard (2010), sobre un GPS colocado durante 28 días en el auto de un sospechoso: nadie, razonó, espera que un tercero observe todos sus movimientos durante un mes.

Cuando el caso llegó a la Corte Suprema como United States v. Jones (2012), la mayoría resolvió por la intrusión física del dispositivo, pero cinco jueces, en los votos concurrentes de Alito y Sotomayor, sugirieron que el monitoreo prolongado afecta expectativas razonables de privacidad. Orin Kerr sistematizó y criticó el enfoque ese mismo año: nadie sabe cuántas piezas hacen falta para que haya mosaico. 

Por su dinamica de funcionamiento, las lectoras de patentes son un terreno natural para analizarlas con el prisma de la teoría del mosaico. En Commonwealth v. McCarthy (2020), el máximo tribunal de Massachusetts aceptó que una red de ALPR puede llegar a ser un registro, pero concluyó que cuatro cámaras fijas en los extremos de dos puentes no revelaban lo suficiente. Hill responde la pregunta de Kerr con la escala del caso: más de cincuenta lecturas, un mes, varios estados.

La magistrada reconstruye el caso: un beeper colocado en un bidón de químicos que ayudó a seguir un auto en un trayecto. Recuerda que allí la propia Corte reservó la hipótesis de prácticas de vigilancia "tipo red", y sostiene que la tecnología actual se acerca a ese escenario. Por eso, afirma, los tribunales inferiores deben reexaminar Knotts a medida que la técnica supera aquel dispositivo rudimentario.

El fundamento se apoya en Carpenter v. United States (2018) y en Chatrie v. United States (2026), donde la Corte reconoció una expectativa razonable de privacidad sobre "la totalidad de los movimientos físicos" de una persona. Hill admite que las lectoras no tienen la precisión de un celular, pero subraya la escala. Alaniz accedió a un mes de datos, con más de cincuenta avistamientos, mediante un sistema que registra a todos los vehículos que pasan frente a cualquier cámara de la red.

La jueza admite que, "al menos en un sentido amplio", las personas no tienen expectativa razonable de privacidad sobre sus movimientos en la vía pública, pero sostiene que el desarrollo tecnológico exige "un enfoque más matizado que seguir Knotts en el vacío". Su conclusión es directa: "a juicio del Tribunal, no es decisivo que los movimientos de una persona ocurran en público".

"A juicio del Tribunal, no es decisivo que los movimientos de una persona ocurran en público."

Para fundarlo, retoma la frase de Carpenter, repetida en Chatrie, que dice que la expectativa de la sociedad ha sido que los agentes "no podrían -y de hecho, en general, sencillamente no podían- vigilar y catalogar en secreto cada uno de los movimientos del auto de una persona".

"Aquí, por supuesto, no se seguía a ningún vehículo en particular. En cambio, todos los vehículos eran rastreados indiscriminadamente hasta que las fuerzas de seguridad necesitaron información sobre uno en particular", resume la jueza.

Si cada lectura aislada muestra apenas un auto en un punto de la ruta, algo que cualquier transeúnte podría ver Ahora bien, si esas lecturas se hacen a lo largo de semanas, se puede reconstruir un patrón de vida: rutinas, destinos, hábitos y vínculos. A eso se agrega el carácter retrospectivo de los datos, que en Carpenter la Corte consideró decisivo. La base registra a todos antes de que exista cualquier sospecha, y permite al Estado reconstruir el pasado de una persona sin haber decidido de antemano a quién seguir. En la vigilancia tradicional, el costo de destinar agentes a seguir un auto durante un mes funcionaba como límite natural, algo que la red de cámaras elimina.

Para explicar por qué esa expectativa es legítima, la jueza recurre a una escena cotidiana. Es razonable, explica, que amigos o familiares nos cuenten que vieron nuestro auto cerca de un negocio la semana pasada. Lo que nadie espera es que alguien, "y especialmente no las fuerzas de seguridad", se nos acerque para decirnos: "estuve siguiendo tu auto durante los últimos 30 días, y acá tenés un registro detallado de cada lugar donde estuvo tu vehículo, con evidencia fotográfica".

"Podríamos razonablemente esperar que nuestros amigos y familiares nos digan algo como: 'Ey, te vi manejando cerca del negocio la semana pasada'. Pero no esperamos que personas que conocemos -mucho menos desconocidos, y especialmente no las fuerzas de seguridad- se nos acerquen al azar para decirnos: 'Ey, estuve siguiendo tu auto durante los últimos 30 días, y acá tenés un registro detallado de cada lugar donde estuvo tu vehículo, con evidencia fotográfica. También voy a compartir esta información con las fuerzas de seguridad de todo el país, para que ellas también sepan dónde andás'."

De allí extrae el criterio de que "la libertad frente a una vigilancia persistente, de tipo red, mientras se está en público no es un concepto ajeno a nuestra sociedad, y es una expectativa razonable que la sociedad ya acepta". Los celulares también se mueven por lugares públicos donde cualquiera puede ver a su portador, agrega, pero el problema constitucional aparece "cuando las fuerzas de seguridad pueden catalogar de manera indiscriminada y pasiva el paradero de una persona durante un período prolongado y luego usar esa información para cualquier fin, cuando les resulte conveniente".

La jueza advierte que esos registros pueden revelar con qué frecuencia alguien visita un casino, qué médico consulta o a qué estudio jurídico acude. Menciona también la posibilidad de más cámaras en carteles, edificios y patrulleros, y de flotas de drones sobre ciudades enteras, con cita de Kyllo, que obliga a considerar los sistemas ya en uso o en desarrollo. Y se pregunta: "¿Por qué es asunto del gobierno adónde va todo el mundo todo el tiempo?", para concluir que "no es pedir demasiado trazar la línea en la vigilancia masiva indiscriminada".

"Podríamos razonablemente esperar que nuestros amigos y familiares nos digan algo como: 'Ey, te vi manejando cerca del negocio la semana pasada'. Pero no esperamos que personas que conocemos -mucho menos desconocidos, y especialmente no las fuerzas de seguridad- se nos acerquen al azar para decirnos: 'Ey, estuve siguiendo tu auto durante los últimos 30 días, y acá tenés un registro detallado de cada lugar donde estuvo tu vehículo, con evidencia fotográfica. También voy a compartir esta información con las fuerzas de seguridad de todo el país, para que ellas también sepan dónde andás'.", ejemplificó.

Aplicado al caso, ese razonamiento explica por qué la expectativa de privacidad de Kyle resultó afectada. Ella circuló por rutas públicas de varios estados, pero ningún observador podía acompañarla de punta a punta durante un mes. Fue la consulta, al reunir en segundos más de cincuenta lecturas dispersas en distintas jurisdicciones, la que convirtió esos datos sueltos en un mapa de la totalidad de sus movimientos, construido además con información recolectada mucho antes de que el agente la viera pasar.

"El gobierno no puede husmear en nuestras vidas y asuntos personales sin una base adecuada para hacerlo."

La exigencia de causa probable es la que termina de definir el curso de la causa, ya que Hill reconoce que un equipo de policías podría, constitucionalmente, seguir un auto por rutas públicas durante un mes, pero advierte que el sistema hace lo mismo con todos los vehículos a la vez, y recuerda que "el gobierno no puede husmear en nuestras vidas y asuntos personales sin una base adecuada para hacerlo".

Esa base, según Hill, faltó, y por eso concluye que la consulta invadió la expectativa razonable de privacidad de Kyle sobre la totalidad de sus movimientos y que, por lo tanto, fue un registro. Según el expediente, el único motivo para realizarlo fue que la patente era de California, de modo que "no estuvo respaldado por causa probable y se realizó sin orden judicial", en violación de la Cuarta Enmienda. Como Alaniz empezó a seguir el auto mientras hacía la consulta, la jueza encuentra un nexo con todo lo obtenido durante el control. La fiscalía no invocó ninguna excepción a la regla de exclusión.