El celular también guarda secretos

La Corte Suprema de Estados Unidos opinó sobre hasta dónde puede llegar el Estado cuando busca reconstruir los movimientos de una persona a partir de los datos que guardan las empresas tecnológicas.

En los autos “Okello T. Chatrie, petitioner v. United States”, el tribunal revocó la decisión de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito y concluyó que la obtención policial del Location History de Google constituye una “búsqueda” en los términos de la Cuarta Enmienda.

El voto principal fue redactado por Elena Kagan, con la adhesión de John Roberts, Sonia Sotomayor, Brett Kavanaugh y Ketanji Brown Jackson. Jackson, con adhesión de Sotomayor, presentó una concurrencia; Neil Gorsuch concurrió en el resultado; Samuel Alito votó en disidencia, con adhesiones parciales de Clarence Thomas y Amy Coney Barrett; y Barrett también presentó una disidencia propia.

El caso comenzó con un robo a una cooperativa de crédito en Midlothian, Virginia, en mayo de 2019. La policía no tenía un sospechoso identificado, pero las cámaras mostraban al ladrón acercándose al lugar mientras parecía hablar por teléfono. Con ese dato, los investigadores pidieron una orden dirigida a Google para obtener información de los celulares ubicados dentro de un radio de 150 metros alrededor del banco durante una franja horaria determinada.

La orden preveía un procedimiento en tres etapas. Primero, Google debía entregar datos anónimos de todos los teléfonos dentro del perímetro. Después, los agentes podían reducir la lista y pedir más información, todavía anónima, sobre movimientos dentro y fuera del área. Por último, podían solicitar datos identificatorios —nombre, correo y teléfono— de un grupo más acotado. Ese recorrido terminó con tres usuarios identificados. Uno de ellos era Okello Chatrie.

La discusión ante la Corte no giró sobre la autoría del robo, sino sobre el modo en que el Estado llegó hasta Chatrie. La mayoría sostuvo que, cuando la policía exige a Google el historial de ubicación de un usuario, ingresa en un terreno protegido por la Cuarta Enmienda. “Un individuo tiene una expectativa razonable de privacidad en los registros sobre la ubicación de su teléfono celular”, señaló el tribunal, aun cuando esos datos hayan sido pedidos por un período breve y se encuentren en poder de una empresa tecnológica.

El Gobierno había sostenido que Chatrie perdió expectativa de privacidad al habilitar el servicio y permitir que Google recolectara esos datos. La Corte rechazó ese razonamiento. Para la mayoría, usar normalmente un smartphone no puede ser entendido como una autorización abierta para que la información privada termine en manos del Estado.

La sentencia se apoya en el precedente “Carpenter v. United States”, donde la Corte ya había reconocido protección constitucional frente al acceso estatal a datos de ubicación celular. Pero ahora el análisis se concentra en el Location History de Google, una herramienta mucho más precisa que otros registros de telefonía: puede ubicar a una persona con una aproximación de 20 metros, registrar movimientos cada dos minutos e incluso estimar en qué piso de un edificio se encuentra un teléfono.

Para la mayoría, esa capacidad técnica cambia el modo de mirar el problema. El tribunal advirtió que el Location History permite reconstruir, “retrospectivamente” y casi sin esfuerzo, los desplazamientos de personas en cualquier zona. También describió esos registros como una suerte de “diario personal” de movimientos, comparable en su función privada con correos, documentos, fotografías o calendarios almacenados en la nube.

El Gobierno había sostenido que Chatrie perdió expectativa de privacidad al habilitar el servicio y permitir que Google recolectara esos datos. La Corte rechazó ese razonamiento. Para la mayoría, usar normalmente un smartphone no puede ser entendido como una autorización abierta para que la información privada termine en manos del Estado. “Un usuario de teléfono celular no debe ser visto como alguien que comparte información privada con terceros —que luego puede ser libremente entregada al gobierno— simplemente por hacer las cosas ordinarias que hacen los usuarios de teléfonos celulares”, afirmó el voto.

La Corte tampoco aceptó que el período analizado —dos horas— fuera demasiado breve como para activar la protección constitucional. Aun un seguimiento corto, explicó, puede revelar asociaciones familiares, políticas, profesionales, religiosas o sexuales. Además, cuando el Estado accede a una base de datos capaz de reconstruir la vida cotidiana de una persona, el problema no desaparece porque los agentes elijan revisar sólo una parte.

De todos modos, la sentencia no resolvió todos los aspectos del caso. El tribunal dejó para el Cuarto Circuito la tarea de determinar si la orden concreta utilizada contra Chatrie cumplía, en cada una de sus etapas, con los requisitos de causa probable y particularidad. En otras palabras: la Corte dijo que hubo una búsqueda constitucional, pero no decidió en forma definitiva si esa búsqueda fue razonable ni si corresponde excluir la prueba.

En su concurrencia, Jackson fue más allá. A su criterio, al menos la segunda y la tercera etapa de la orden no satisfacían las exigencias constitucionales, porque dejaban demasiada discrecionalidad en manos de los agentes y muy poco control en un magistrado neutral. La jueza remarcó que la orden no establecía criterios claros para decidir qué usuarios serían sometidos a un examen más intenso.

Gorsuch coincidió en el resultado, aunque propuso otro camino. Para él, el caso podía resolverse a partir de una lectura más tradicional de la Cuarta Enmienda, centrada en la protección de los “papeles” y “efectos” personales. Bajo esa mirada, el historial de ubicaciones puede ser entendido como una forma de propiedad digital del usuario, aunque esté almacenado en servidores de Google.

Las disidencias objetaron el alcance de la decisión. Alito sostuvo que la mayoría extendió indebidamente el precedente “Carpenter” y que el caso tenía un impacto práctico limitado para la situación de Chatrie, porque seguía pendiente la discusión sobre la excepción de buena fe. Barrett, por su parte, consideró que Chatrie no tenía una expectativa razonable de privacidad sobre datos de movimientos públicos que, según su postura, había revelado voluntariamente a Google.

El fallo también menciona un dato tecnológico posterior a los hechos: en julio de 2025, Google modificó la forma de almacenar el Location History, que pasó a guardarse en los dispositivos de los usuarios y no en sus servidores. Según la empresa, ese cambio le impide responder órdenes de geovallado como la utilizada en esta investigación.

Aun con esa aclaración, la sentencia deja planteada una discusión que excede a Google. La vida cotidiana pasa cada vez más por aplicaciones, mapas y servicios en la nube. Para la Corte, ese dato no autoriza a tratar la geolocalización como un territorio sin privacidad.