07 de October de 2026
Edición 7552
Próxima Actualización: 08/10/2026
La cartera de Justicia creó una comisión que tendrá a su cargo elaborar un anteproyecto de ley para una reforma integral del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La medida fue dispuesta mediante la Resolución 515/2026, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques.
La iniciativa parte de una premisa: el Código Procesal Civil y Comercial fue establecido en 1967 y, si bien tuvo distintas reformas parciales, todavía no atravesó una revisión integral que contemple los cambios producidos en las últimas décadas en la gestión judicial y en la organización de los procesos.
La resolución también señala que el Código Civil y Comercial, vigente desde 2015, introdujo modificaciones sustanciales que tienen incidencia procesal, pero que esas modificaciones no fueron acompañadas por una adecuación integral del ordenamiento procesal.
En ese marco, el Ministerio sostuvo que resulta necesario avanzar en la “sistematización, modernización y actualización” de la normativa, mediante herramientas tecnológicas y la instauración de la oralidad en los procesos, con el objetivo de favorecer su “celeridad, inmediación y eficacia”.
La comisión tendrá como objetivo concreto elaborar un anteproyecto de ley de reforma integral del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Estará integrada por magistrados, funcionarios, abogados y especialistas del ámbito académico, además de representantes del Ministerio de Justicia.
La comisión tendrá un plazo máximo de 60 días corridos, contados desde su primera reunión formal, para concluir sus tareas y aprobar el texto definitivo del anteproyecto, aunque ese plazo podrá ser prorrogado a pedido de sus integrantes.
Martín Cardone fue designado como coordinador y todos los integrantes desarrollarán sus tareas con carácter “ad honorem”. Además, la resolución creó dos subcomisiones: la Redactora tendrá a su cargo elaborar el índice, el articulado, los fundamentos y el anteproyecto de ley; mientras que la Revisora deberá analizar posteriormente el texto elaborado.
Entre los lineamientos establecidos para la reforma aparecen la incorporación de la oralidad al proceso civil y comercial, la tutela judicial efectiva y el respeto de las garantías constitucionales y convencionales del debido proceso, la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y la simplificación de los procedimientos. También se busca favorecer “los mecanismos de resolución de conflictos”.
La comisión tendrá un plazo máximo de 60 días corridos, contados desde su primera reunión formal, para concluir sus tareas y aprobar el texto definitivo del anteproyecto, aunque ese plazo podrá ser prorrogado a pedido de sus integrantes.