Traspaso a mitad de camino

El Senado aprobó este jueves, por 44 votos a favor y 21 en contra, dos convenios firmados en julio entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para transferir la justicia criminal y correccional de menores y un nuevo bloque de competencias penales no federales.

Los textos, que no registraron abstenciones, pasan ahora a la Cámara de Diputados. Votaron en contra el bloque Justicialista y los senadores santiagueños.

Quedan en la justicia federal los delitos federales y aquellos delitos comunes que, por su conexión con aquéllos, deban tramitar en ese fuero. Las causas iniciadas antes del traspaso -incluida la ejecución de medidas o condenas- no se transfieren.

Los acuerdos fueron suscriptos el 3 de julio por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y su par porteño, Gabino Tapia. El primero habilita a la Ciudad a investigar y juzgar delitos no federales cometidos por adolescentes desde los 14 años y hasta las 0 horas del día en que cumplan 18, aunque al momento del juicio ya sean mayores.

También incluye a adultos imputados junto con menores por los mismos hechos o por hechos conexos, para preservar la unidad de la investigación. Para los menores de 14 años prevé intervenciones judiciales de protección.

Quedan en la justicia federal los delitos federales y aquellos delitos comunes que, por su conexión con aquéllos, deban tramitar en ese fuero. Las causas iniciadas antes del traspaso —incluida la ejecución de medidas o condenas— no se transfieren.

La Nación se compromete a impulsar el cierre de la Justicia Nacional de Menores y a resolver los expedientes pendientes en plazos razonables. Las cámaras nacionales de Apelaciones y de Casación seguirán interviniendo en esos casos anteriores.

El segundo instrumento es el cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales. Pasa a la Ciudad el juzgamiento de delitos no federales contra el honor, la integridad sexual, la libertad, el transporte y las comunicaciones, además de figuras vinculadas a la propiedad intelectual, el ejercicio de la medicina veterinaria y la protección de la fauna silvestre. También acá la Nación retiene las causas ya iniciadas, incluida la ejecución penal.

En ambos casos, la vigencia queda sujeta a un triple requisito: la aprobación del Congreso, la de la Legislatura porteña y la firma de un convenio específico de transferencia de recursos. Recién entonces correrán 120 días corridos para la entrada en vigor.

Las partes acordaron, además, iniciar negociaciones para esos convenios de recursos.

En el recinto, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Gonzalo Guzmán Coraita, sostuvo que no se trata de “una decisión aislada o sorpresiva” y recordó que el proceso “comenzó en el año 2000, continuó en 2004 y 2011 y este Congreso ya convalidó en cada una de esas oportunidades”.

Para el senador libertario es “la continuación de una política de Estado sostenida en el tiempo por gobiernos locales y nacionales de distintos signos políticos”.

El fundamento, dijo, es el artículo 129 de la Constitución, que reconoce a la Ciudad un régimen de gobierno autónomo.

“No existe fundamento alguno para pretender asignar a la Ciudad de Buenos Aires una autonomía jurisdiccional de menor intensidad de la que hoy ejercen las distintas provincias”, afirmó, y añadió que aprobar los convenios es “cumplir con un mandato de la Constitución y lo que la Corte viene exigiendo” desde hace una década.