En el marco de un juicio abreviado, el Juzgado de Control y Faltas 7 de Córdoba, a cargo de José Milton Peralta, condenó a una mujer a tres años y siete meses de prisión efectiva por ser considerada coautora de una asociación ilícita y partícipe necesaria de nueve estafas reiteradas.
Según surge de la sentencia, la organización utilizaba falsas publicidades y páginas de Netflix en Facebook para contactar a potenciales víctimas. Luego, mediante llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp, quienes participaban de las maniobras se presentaban como supuestos representantes de Netflix o de entidades bancarias.
El objetivo era obtener datos sensibles de las cuentas de las víctimas, inducirlas a realizar transferencias o lograr que descargaran aplicaciones que permitían tomar el control remoto de sus dispositivos. Desde el establecimiento penitenciario donde se encontraban detenidos algunos integrantes de la organización se realizaban parte de las comunicaciones, mientras que otros miembros operaban desde el exterior.
En el caso concreto, el Tribunal consideró acreditada su participación en los hechos. La acusación comprendía la asociación ilícita, en carácter de miembro, y nueve hechos de estafa en los que fue considerada partícipe necesaria.
También se describen maniobras contra víctimas de Santa Fe, Mendoza y Córdoba, siempre con mecanismos similares: falsas comunicaciones vinculadas con Netflix, obtención de información bancaria y posterior dispersión de los fondos.
Entre las maniobras descriptas en la resolución aparece una estafa cometida contra una víctima de Salta y otra de la provincia de Buenos Aires, en noviembre de 2023. En otro de los hechos, una víctima de Entre Ríos sufrió una transferencia de $323.000 luego de que los integrantes de la organización obtuvieran datos de su cuenta bancaria. El dinero luego fue distribuido entre distintas cuentas.
También se describen maniobras contra víctimas de Santa Fe, Mendoza y Córdoba, siempre con mecanismos similares: falsas comunicaciones vinculadas con Netflix, obtención de información bancaria y posterior dispersión de los fondos.
En uno de los episodios, ocurrido el 17 de noviembre de 2023, se realizaron transferencias no consentidas por $1.340.623. Parte de ese dinero terminó siendo distribuido entre distintas cuentas, incluida una perteneciente a Sosa.
La sentencia también describe otro hecho en el que una víctima sufrió una extracción de $2.222.594. El dinero fue recibido inicialmente en una cuenta y luego distribuido mediante numerosas transferencias hacia distintas personas.