21 de August de 2026
Edición 7520
Próxima Actualización: 24/08/2026
La Corte Suprema de Justicia de la Nación encomendó al Cuerpo Médico Forense la elaboración de un protocolo específico que orientará a los jueces al momento de decidir sobre la procedencia de la prisión domiciliaria por motivos de salud.
La medida, formalizada a través de la Acordada 21/2026, apunta a sistematizar los criterios de evaluación sobre bases científicas y a uniformar el análisis de los aspectos médicos y penitenciarios que exige la ley.
Según se informó desde el máximo tribunal, el objetivo es dotar a los magistrados de mejores elementos de juicio para resolver estos pedidos.
La decisión se enmarca en la necesidad de organizar y dar mayor previsibilidad a un tipo de planteos que los tribunales reciben con frecuencia y que involucran tanto el derecho a la salud de las personas privadas de libertad como la correcta aplicación de las normas que regulan la prisión domiciliaria.
El documento, titulado “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados”, servirá como guía orientativa. La Corte aclaró que su aplicación no reemplaza los demás informes ni las condiciones que cada juez, en su rol de director del proceso, considere necesario requerir y valorar.
El protocolo deberá contemplar los exámenes e informes médicos necesarios para constatar de manera efectiva el estado de salud de la persona detenida.
También exigirá la verificación, en cada caso concreto, de las condiciones reales de detención y de la factibilidad de realizar el tratamiento indicado para la patología dentro del establecimiento penitenciario donde se encuentra alojado el interno.
Asimismo, la Acordada dispone que se protocolice el tipo de información que las autoridades penitenciarias a cargo del detenido están obligadas a brindar.
De este modo se busca integrar la evaluación de las condiciones de detención con los datos necesarios para su recuperación o adecuado tratamiento, de acuerdo con las conclusiones médicas de cada situación.
Según el texto, este abordaje sistemático permitirá estandarizar la tarea de los auxiliares de la justicia especializados en ciencias médicas y aportará un análisis particularizado en función de las prestaciones e infraestructura disponibles en cada unidad carcelaria.
La decisión se enmarca en la necesidad de organizar y dar mayor previsibilidad a un tipo de planteos que los tribunales reciben con frecuencia y que involucran tanto el derecho a la salud de las personas privadas de libertad como la correcta aplicación de las normas que regulan la prisión domiciliaria.
Al exigir un protocolo con bases científicas, el Tribunal busca reducir la dispersión de criterios y fortalecer la solidez de las decisiones judiciales en esta materia.
El Cuerpo Médico Forense, a través de su decano, deberá confeccionar el documento de acuerdo con los lineamientos fijados por la Corte. Una vez elaborado, el protocolo orientará la tarea de los jueces en todo el país, sin limitar su facultad de solicitar información adicional o de valorar el conjunto de las circunstancias de cada causa.