21 de August de 2026
Edición 7520
Próxima Actualización: 24/08/2026
La norma le impone validar los datos de habilitación del operador al que le acredita fondos e informar cualquier modificación o revocación de esa licencia. Para las casas de apuestas que aceptan Mercado Pago, el cumplimiento ya no se verifica solo en la plataforma de juego: también se verifica en el canal por donde entra el dinero.
Sobre una misma operación conviven cuatro cuerpos normativos con lógicas distintas: la habilitación provincial, el régimen tributario nacional, la prevención de lavado de activos y el derecho del consumidor. Ninguno regula el juego online de forma integral, pero entre todos definen qué puede exigirle un apostador a la plataforma donde carga saldo.
Argentina no tiene una ley federal de juego online. Cada provincia regula, licencia y controla dentro de su propio territorio, de modo que la pregunta sobre la legalidad de una plataforma no admite respuesta nacional. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el regulador es la Lotería de la Ciudad; en la Provincia de Buenos Aires, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos. Un permiso otorgado por uno de esos organismos habilita a captar apostadores de esa jurisdicción y de ninguna otra.
Ese diseño tiene una consecuencia registral concreta. La zona .bet.ar que administra NIC Argentina es restringida: para inscribir un dominio ahí hay que ser una persona jurídica validada y autorizada por un regulador provincial, con documentación respaldatoria. El dominio funciona entonces como constancia pública de la habilitación, y su ausencia es el indicio más simple de que la plataforma no está autorizada, por más argentina que parezca su interfaz.
La contracara es el enforcement, que durante 2026 se volvió sistemático. Una investigación conjunta de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar y la Lotería de la Ciudad terminó con seis plataformas bloqueadas en cuarenta y ocho horas, y en la Provincia de Buenos Aires se dispuso la restricción de más de quinientos sitios sin autorización. El fundamento fue siempre el mismo: la falta de licencia provincial.
El impuesto indirecto sobre las apuestas online nació con la Ley 27.346, sancionada en diciembre de 2016, y empezó a aplicarse tras el Decreto 293/2022. Su mecánica explica por qué una billetera virtual terminó adentro del régimen: el tributo grava las acreditaciones que el usuario hace en la plataforma, y quien lo ingresa no es la casa de apuestas sino el intermediario que posibilita el pago, en carácter de agente de percepción. Si ese intermediario no percibe, la obligación se traslada al apostador.
La Resolución General 5791/2025 ordenó ese circuito. Fijó la inscripción en el Registro de Control Online del Sistema de Apuestas, creado por el artículo 6 de la Ley 27.346, con un plazo de sesenta días corridos para que el organismo resuelva la solicitud. Las alícuotas son diferenciales según dónde esté radicado el operador, más bajas para los locales con inversión genuina y más altas para los constituidos en jurisdicciones de baja o nula tributación. Y sumó una obligación explícita: los intermediarios de pago deben validar la información de habilitación del operador y reportar sus modificaciones o revocaciones ante la Agencia.
Para el usuario, esa arquitectura convierte el detalle operativo de cada plataforma en información contrastable en lugar de promesa comercial. Los listados comparativos, como el de casas de apuestas que aceptan Mercado Pago recomendadas por Estafa.info, ordenan ese dato duro: depósito mínimo exigido, plazos reales de acreditación de un retiro y métodos efectivamente habilitados en cada operador. Es el material que permite chequear si una página de apuestas se comporta como dice antes de acreditar el primer peso. Ninguna de esas variables surge de la letra de la resolución, pero todas quedan expuestas cuando el canal de pago tiene que responder por a quién le transfiere fondos.
La prevención de lavado de activos agrega una capa distinta. El artículo 20, inciso 3, de la Ley 25.246 incluye entre los sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera a las personas humanas y jurídicas que exploten juegos de azar como actividad habitual, lo que las coloca en el mismo régimen de deberes que a bancos y agentes de bolsa.
La Resolución UIF 194/2023, vigente desde el 1 de diciembre de 2023, reemplazó a la 199/2011 y cambió el enfoque. En lugar de una lista fija de controles exige un sistema basado en riesgo: evaluación periódica de los riesgos del negocio, debida diligencia del cliente calibrada según ese riesgo, monitoreo de operaciones, oficial de cumplimiento, capacitación del personal y reporte de operaciones sospechosas.
De ahí sale la explicación llana de una fricción que suele leerse como capricho comercial. Cuando una plataforma de apuestas deportivas con Mercado Pago pide documento, comprobante de domicilio o una selfie antes de habilitar el primer retiro, está ejecutando una obligación legal cuyo incumplimiento tiene sanción administrativa. La misma lógica sostiene los límites de carga y las herramientas de autoexclusión que integran las políticas de juego responsable de los operadores habilitados.
El cuarto frente viene del derecho del consumidor y es el que más expone al canal de pago. El artículo 40 de la Ley 24.240 establece la responsabilidad solidaria de todos los integrantes de la cadena de comercialización cuando el daño deriva del vicio o riesgo del servicio prestado.
La jurisprudencia reciente aplicó ese criterio a las billeteras digitales con poca tolerancia por la defensa de la intermediación neutral. En marzo de 2026, la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial rechazó que la plataforma hubiera sido solo intermediaria: la había promovido, había canalizado el pago, había gestionado el envío y había ofrecido un programa de protección al comprador, de modo que integraba la cadena como proveedora. Un año antes, la Unidad Jurisdiccional en lo Contencioso Administrativo de Viedma condenó a Mercado Pago como responsable directo por falla del servicio y descartó que la transferencia hubiera sido un asunto entre usuarios, porque el enlace de pago había salido de la propia plataforma.
Ninguno de esos fallos versa sobre apuestas. Pero fijan el estándar que se les va a aplicar: cuando la billetera procesa, promueve o garantiza la operación, después no puede presentarse como un tercero ajeno al resultado. Es la posición en la que la Resolución General 5791/2025 la coloca frente al operador de juego.
El movimiento normativo de los últimos años fue en una sola dirección: meter al canal de pago dentro del perímetro de control. El operador necesita licencia provincial, el intermediario percibe el tributo y valida la habilitación, la Unidad de Información Financiera exige debida diligencia y el derecho del consumidor reparte la responsabilidad entre todos los que participaron del negocio. Sobre el papel, el circuito está cerrado.
En la práctica queda un tramo afuera, y es el primero de todos. Nadie verifica por el apostador si la plataforma donde está por acreditar fondos tiene permiso en su provincia antes de que apriete el botón. Ese chequeo, que se resuelve mirando el dominio y el listado del regulador correspondiente, sigue siendo la única parte del esquema que ninguna norma delegó.