20 de August de 2026
Edición 7519
Próxima Actualización: 21/08/2026
Los Colegios Públicos de Abogados de Comodoro Rivadavia, Esquel, Trelew y Puerto Madryn expresaron fuertes reparos al proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial impulsado por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut y solicitaron a la Legislatura provincial que amplíe el debate antes de avanzar con la iniciativa.
A través de una nota dirigida al presidente de ese cuerpo, Gustavo Menna, sostuvieron que la reforma no resolvería los problemas actuales del servicio de justicia y podría incluso agravarlos.
Los abogados reclamaron que sean convocados profesionales, jueces, universidades y organizaciones civiles antes de avanzar con una reforma que, según plantearon, tendrá efectos durante las próximas décadas.
La nota también planteó reparos sobre el acceso a la Justicia y las posibilidades de defensa.
Uno de los principales cuestionamientos de los abogados apunta a la implementación del proceso oral. Según estimaron, el sistema propuesto no tendría capacidad para absorber la cantidad de causas que se tramitan actualmente en la provincia y apenas podría atender poco más de 200 juicios por año, una cifra ya superada por la demanda de todas las jurisdicciones.
En ese escenario, advirtieron que el esquema podría colapsar en un período de cuatro años.
Los colegios señalaron además que la reforma requeriría incorporar jueces, funcionarios y personal administrativo, además de realizar inversiones en infraestructura, sin que el proyecto precise cuál sería el costo ni de dónde surgirían los recursos.
También cuestionaron el plazo de apenas seis meses desde su sanción para comenzar a aplicarse, al considerarlo insuficiente para realizar las adecuaciones presupuestarias, edilicias y de personal necesarias.
Otro de los puntos destacados es la falta de participación de distintos sectores vinculados al funcionamiento de la Justicia.
Los abogados reclamaron que sean convocados profesionales, jueces, universidades y organizaciones civiles antes de avanzar con una reforma que, según plantearon, tendrá efectos durante las próximas décadas.
La nota también planteó reparos sobre el acceso a la Justicia y las posibilidades de defensa.
Los colegios sostienen que el proyecto restringe las herramientas recursivas y que, en determinados casos, podría limitar el acceso a una segunda instancia. Cuestionaron asimismo las facultades disciplinarias que se otorgarían a los jueces sobre los abogados particulares, al considerar que podrían afectar el ejercicio de la defensa.
Entre los aspectos técnicos, los representantes de los abogados señalaron que la reforma no incorporaría de manera suficiente nuevas herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, y cuestionaron la regulación propuesta para los procesos colectivos.
Uno de los puntos de mayor controversia es el artículo 103, que incorpora la intervención de jurados populares en determinadas cuestiones. Los Colegios consideraron que no corresponde asignar a ciudadanos sin formación jurídica la resolución de asuntos vinculados con la constitucionalidad y convencionalidad de normas.
Por último, reclamaron que una reforma de esta magnitud tenga un tratamiento más extenso en la Legislatura. Advirtieron que avanzar sin incorporar las observaciones de los distintos actores del sistema podría generar mayores problemas en lugar de mejorar el funcionamiento de la Justicia.