Una IA que primero pregunta dónde litiga el abogado

Sobre ese problema trabaja Nino Legal, una plataforma desarrollada por una pyme cordobesa que busca aplicar inteligencia artificial específicamente a la práctica jurídica argentina. En lugar de presentarse como una herramienta de propósito general adaptada posteriormente al derecho, su propuesta se concentra en tres tareas habituales del ejercicio profesional: investigación, análisis y redacción jurídica.

Uno de sus principales diferenciales es precisamente el componente jurisdiccional. La plataforma identifica la jurisdicción y el fuero sobre los que trabaja el profesional y utiliza ese contexto para orientar las búsquedas y elaborar las respuestas.

La cuestión no es menor. La práctica cotidiana muestra que detrás de una consulta aparentemente sencilla pueden existir diferencias importantes según intervenga la Justicia nacional, provincial o federal, el fuero involucrado e incluso los criterios jurisprudenciales predominantes en cada territorio.

Un abogado laboralista de Córdoba, por ejemplo, puede consultar una cuestión de su caso y recibir una respuesta elaborada específicamente para ese fuero y jurisdicción, acompañada por los fallos y fuentes utilizados. El profesional puede acceder a los documentos originales y verificar las citas antes de incorporar esa información a su trabajo.

Actualmente, la cobertura de Nino Legal comprende CABA, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Neuquén y Jujuy, y la empresa prevé continuar incorporando nuevas jurisdicciones.

La herramienta cuenta además con asistentes jurídicos especializados, mediante los cuales el usuario puede realizar consultas sobre un caso o una cuestión jurídica. Las respuestas se acompañan con las fuentes utilizadas, de modo que el abogado pueda acceder a ellas y verificar la información por sí mismo.

Ese punto resulta particularmente relevante en el uso profesional de inteligencia artificial. Una respuesta jurídica no puede ser valorada únicamente por su redacción o por su apariencia de razonabilidad: el profesional necesita conocer de dónde surge la información, revisar los antecedentes y decidir si resultan realmente aplicables al caso en el que está trabajando.

Los asistentes se encuentran conectados con una base que, según datos proporcionados por la empresa, ya reúne más de 380.000 archivos de jurisprudencia. La búsqueda de antecedentes se integra así con la consulta realizada por el usuario y con el contexto jurisdiccional seleccionado.

Nino Legal también permite trabajar sobre documentación y generar borradores jurídicos. La compañía asegura que su estrategia fue deliberadamente concentrarse en esas funciones antes que multiplicar prestaciones: investigación, análisis y redacción constituyen, por ahora, el núcleo del producto.

La inteligencia artificial jurídica empieza a dejar atrás la etapa de la consulta genérica y avanza hacia sistemas cada vez más vinculados con las fuentes, los procedimientos y la realidad concreta en la que trabaja cada abogado.

Detrás de la plataforma hay además una combinación poco habitual entre experiencia judicial y desarrollo tecnológico. Una de sus cofundadoras, Candelaria Justiniano, es abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y trabajó durante casi diez años como relatora en un juzgado Civil y Comercial del Poder Judicial cordobés. Su socio, Favio Noel Broda, estudió Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, y cuenta con más de veinte años de experiencia en desarrollo de software.

Nino Legal nació en 2025 de la combinación de esas dos trayectorias. La empresa ofrece actualmente una plataforma por suscripción y desarrolla también implementaciones específicas para estudios jurídicos, organismos públicos, instituciones y compañías que requieren incorporar documentación propia, adaptar flujos de trabajo o desarrollar herramientas internas.

Según cifras suministradas por sus responsables, la plataforma supera actualmente los 4.800 usuarios registrados en el país y es utilizada tanto por profesionales independientes como por estudios jurídicos y organismos públicos. La compañía también informa que el 93% de quienes contratan una suscripción continúa utilizándola después de seis meses.

Además de los planes pagos, la plataforma ofrece un período de prueba gratuito de 15 días, que permite acceder a la herramienta antes de contratar una suscripción.

Más allá de las cifras de adopción, el desarrollo de herramientas de este tipo plantea una cuestión que probablemente acompañará a la profesión durante los próximos años: la inteligencia artificial jurídica empieza a dejar atrás la etapa de la consulta genérica y avanza hacia sistemas cada vez más vinculados con las fuentes, los procedimientos y la realidad concreta en la que trabaja cada abogado.

En un país con múltiples jurisdicciones y una producción normativa y jurisprudencial dispersa, ese puede convertirse en uno de los terrenos donde se juegue la utilidad real de la IA aplicada al derecho.