03 de August de 2026
Edición 7507
Próxima Actualización: 04/08/2026
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires registró en los primeros seis meses de 2026 casi 1.300 denuncias por ciberfraudes, lo que representa un promedio superior a las 200 presentaciones mensuales.
Las cifras confirman una tendencia al alza que se mantiene desde la pandemia y que ya había superado las 2.400 denuncias en todo 2025.
Según datos de la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes (FISEC), a cargo del fiscal Miguel Kessler, el volumen de casos creció de manera sostenida en los últimos años.
Las modalidades más frecuentes incluyen phishing, suplantación de identidad, clonación de tarjetas de crédito y débito, robo de cuentas de WhatsApp, fraudes en billeteras virtuales, falsas promociones de venta online y estafas vinculadas con criptomonedas.
En 2020 se habían contabilizado apenas 38 denuncias; en 2024 la cifra trepó a alrededor de 1.700 y el año pasado superó las 2.400. El primer semestre de 2026 muestra que el ritmo no se detiene.
Los montos sustraídos también resultan significativos. En los dos últimos años (2024 y 2025) las operaciones fraudulentas alcanzaron los 24.465 millones de pesos, a los que se suman más de 3,8 millones en moneda extranjera.
Gracias a un protocolo de actuación rápida implementado por la FISEC y la Unidad de Ciberfraude del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), se lograron revertir operaciones por más de 322 millones de pesos.
El mecanismo permite el congelamiento preventivo de cuentas sospechosas por hasta 60 días cuando la denuncia se realiza dentro de las 24 horas, el monto supera los tres millones de pesos y se radica en la Ciudad de Buenos Aires.
Las modalidades más frecuentes incluyen phishing, suplantación de identidad, clonación de tarjetas de crédito y débito, robo de cuentas de WhatsApp, fraudes en billeteras virtuales, falsas promociones de venta online y estafas vinculadas con criptomonedas.
También se observó un incremento de casos de abuso de confianza contra personas mayores, en los que cuidadores o allegados utilizan fotografías de tarjetas o datos bancarios para realizar compras o extracciones no autorizadas.
El crecimiento del fenómeno se vincula con la aceleración de la digitalización posterior a la pandemia de COVID-19 y con el uso masivo de redes sociales y mensajería.
La FISEC y la Unidad de Ciberfraude del CIJ trabajan de manera conjunta en el análisis de las denuncias, la preservación de evidencia digital y la identificación de responsables.