El fraude, en el banquillo

El Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA) reunieron a representantes del sector en una jornada de capacitación sobre “Fraude al Seguro: Aspectos de Fondo y Forma”.

La actividad contó con la participación del presidente de ADEAA, Aldo Álvarez; el procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand; el superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate; y los especialistas Francisco Pont Vergés, secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal; Juan Manuel García Blanco, director general de la Policía Judicial y Claudio Oviedo, agente fiscal del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires.

Durante el encuentro, los expositores coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre aseguradoras, cámaras empresariales y el sistema de Justicia para enfrentar las maniobras fraudulentas que afectan al sector.

Uno de los datos destacados de la jornada fue el presentado por el superintendente Plate, quien citó estadísticas de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros de los Estados Unidos (NAIC): “El fraude al seguro en Estados Unidos es el segundo delito más común después de la evasión fiscal y el segundo más rentable, luego del tráfico de drogas. Entre el 3% y el 10 % de los reclamos en EE.UU. son fraudulentos y monto alcanzado es de entre 80 y 100 billones de dólares”.

Álvarez remarcó la importancia de la iniciativa impulsada junto al Ministerio Público bonaerense y sostuvo que el objetivo es generar efectos estructurales en el mercado asegurador, al tiempo que destacó la necesidad de profundizar la cooperación con la Justicia.

Por su parte, Conte Grand enfatizó la necesidad de avanzar en la especialización de los fiscales frente a materias cada vez más complejas, entre ellas la aseguradora. También valoró la convocatoria alcanzada por la actividad y el interés demostrado por distintos actores del sector.

En el tramo dedicado a casos concretos, los representantes del Ministerio Público Fiscal compartieron experiencias de investigación, y Pont Vergés advirtió: “El delito de fraude al seguro no es fácil de investigar porque requiere que los fiscales conozcan muy bien el mercado asegurador y los contratos”.

La jornada reunió a cerca de 130 especialistas en fraude, Derecho del Seguro y liquidación de siniestros, además de directivos de compañías, representantes de cámaras empresariales y autoridades de instituciones vinculadas a la actividad, entre otras personas.

En el tramo dedicado a casos concretos, los representantes del Ministerio Público Fiscal compartieron experiencias de investigación, y Pont Vergés advirtió: “El delito de fraude al seguro no es fácil de investigar porque requiere que los fiscales conozcan muy bien el mercado asegurador y los contratos”.

A su turno, García Blanco se refirió a una investigación en curso vinculada a 900 siniestros denunciados. “Una organización delictiva había encontrado una falla en la redacción de los contratos de seguros colectivos de incapacidad total, permanente e irreversible. Tuvimos que aprender mucho de seguros para avanzar, mientras cruzábamos información y hacíamos investigaciones patrimoniales paralelas y fue fundamental para el avance la colaboración que nos prestaron las aseguradoras. Se hizo una muy buena investigación, desde distintos enfoques, con equipos multidisciplinarios”, añadió.

Oviedo, por su parte, expuso otra causa en la que el Ministerio Público identificó a 130 personas, de las cuales 100 fueron imputadas y 26 procesadas por asociación ilícita, en una investigación vinculada a 80 siniestros fraudulentos presentados ante tres aseguradoras.

Los especialistas coincidieron en que la cooperación entre el sector privado y los organismos de investigación resulta determinante para esclarecer los hechos, identificar responsables y desarticular organizaciones dedicadas a este tipo de delitos.

Al cierre de la capacitación, Álvarez destacó el alcance institucional de la iniciativa y sostuvo que la alianza con el Ministerio Público Fiscal aporta herramientas de prevención, persecución e intercambio de información. En ese contexto afirmó que “la acción encarada cuenta con un claro aval de respaldo institucional por parte del MPBA y la Superintendencia de Seguros. Nos han explicado cuál es el problema que enfrentan y para dónde tenemos que ir juntos para resolverlo. Aprovechemos esta instancia que derramará beneficios para todo el sistema asegurador”.