01 de June de 2026
Edición 7465
Próxima Actualización: 02/06/2026
El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos suscribieron un convenio que establece la tramitación exclusivamente digital de los oficios judiciales dirigidos al Registro Provincial de las Personas a partir del 29 de junio de 2026.
La medida busca optimizar tiempos, garantizar trazabilidad y eliminar el uso de papel en las comunicaciones entre ambos organismos.
A partir de esa fecha, el Registro Provincial de las Personas dejará de recibir documentación en soporte papel. Todas las comunicaciones deberán canalizarse a través de los canales digitales habilitados, con la documentación y los comprobantes de pago correspondientes cuando la normativa lo exija.
El acuerdo establece que, desde dicha fecha, la única vía habilitada y de carácter obligatorio para el envío, recepción y respuesta de oficios judiciales será el sistema FORUM, complementado por el correo electrónico institucional específico para informes de profesionales auxiliares de la justicia y la plataforma Bus Federal.
A partir de esa fecha, el Registro Provincial de las Personas dejará de recibir documentación en soporte papel. Todas las comunicaciones deberán canalizarse a través de los canales digitales habilitados, con la documentación y los comprobantes de pago correspondientes cuando la normativa lo exija.
El RPP responderá de manera directa al expediente electrónico de referencia, lo que permitirá una mayor trazabilidad y seguridad de la información.
En paralelo, el STJ aprobó el “Protocolo de Gestión y Envío de Oficios al Registro Provincial de las Personas”, que incluye modelos de oficios estandarizados de uso obligatorio para juzgados, tribunales y profesionales intervinientes.
Estos formularios buscan unificar criterios, reducir errores y evitar demoras administrativas. El protocolo también prevé la publicación de los modelos oficiales y de los cuadros actualizados de tasas retributivas.
Según se informó, la iniciativa apunta a brindar mayor celeridad, seguridad, transparencia y eficacia en la prestación del servicio de justicia, en línea con los procesos de transformación digital que se desarrollan en distintas provincias del país.