29 de May de 2026
Edición 7464
Próxima Actualización: 01/06/2026
La Defensoría General de la Nación (DGN) dispuso la creación de la Coordinación de las Defensorías Públicas de Víctimas, una estructura que busca ordenar y potenciar la atención especializada en todo el país bajo criterios comunes y respetuosos de los derechos reconocidos por la ley.
La medida, adoptada por el Defensor General de la Nación, Julián Horacio Langevin, apunta a consolidar dispositivos estables y especializados que garanticen intervenciones homogéneas y de calidad para las personas en situación de vulnerabilidad.
Entre las funciones prioritarias se destacan el acompañamiento técnico, el acceso a información adecuada, la protección y la promoción de la reparación integral.
La iniciativa se enmarca en los principios de la Ley N° 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, que reconoce a las víctimas como sujetos jurídicos autónomos con derechos exigibles en todas las etapas del proceso penal.
La nueva Coordinación tendrá a su cargo la articulación y el fortalecimiento de las Defensorías Públicas de Víctimas existentes en las distintas jurisdicciones.
Su objetivo principal es asegurar que las intervenciones se desarrollen con criterios uniformes, en consonancia con la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y la mencionada Ley 27.372.
Entre las funciones prioritarias se destacan el acompañamiento técnico, el acceso a información adecuada, la protección y la promoción de la reparación integral.
María Fernanda Alberdi, Secretaria Letrada de la Defensoría General de la Nación, fue designada para dirigir este espacio estratégico.
Según el comunicado oficial de la DGN, el reconocimiento efectivo de los derechos de las víctimas requiere estructuras “estables, especializadas y coordinadas” que permitan respuestas coherentes y respetuosas en todo el territorio nacional.
La creación de esta instancia responde a la necesidad de avanzar hacia un modelo de justicia más inclusivo, donde las personas afectadas por delitos cuenten con herramientas concretas para hacer valer sus derechos desde el inicio de la investigación hasta la eventual reparación del daño.