Que no quede en la nada

El Tribunal Oral en lo Penal Económico nro 3 integrado por Alejandro Zabala (presidente), Karina Perilli y Fernando Machado Pelloni deberá resolver una de las causas derivadas de la investigación conocida como la “Mafia de los Contenedores”, cuya causa principal fue instruida por Marcelo Aguinsky, junto con la fiscal Gabriela Ruiz Morales y la PROCELAC. 

El expediente que llegó ahora a juicio, identificado como “TT Cargo s/ contrabando Ley 22.415"”, es un desprendimiento de esa investigación principal y analiza una serie de importaciones realizadas entre agosto de 2015 y enero de 2016. Según la acusación fiscal, la mercadería que salía de China como textiles era presentada ante la Aduana argentina bajo otra denominación: carbonato de calcio. Esa diferencia no era menor. Cambiaba el tipo de control, la carga tributaria y el tratamiento aduanero de los embarques.

El fiscal general Gabriel Pérez Barberá sostuvo ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico que la maniobra no fue aislada ni accidental, sino parte de una estructura organizada con reparto de funciones. La hipótesis fiscal apunta a empresarios, despachantes y operadores aduaneros que habrían intervenido en una operatoria sostenida durante varios meses.

La figura central de la acusación es la de contrabando agravado, con 31 hechos consumados y uno en grado de tentativa. El agravante aparece ligado al modo de ejecución, la intervención de varias personas y el diseño documental que habría permitido ocultar la verdadera naturaleza de la carga.

De acuerdo con el planteo del Ministerio Público Fiscal, la clave estaba en la documentación de transporte. En los documentos marítimos originales, la carga figuraba como rollos de tela y prendas de vestir. Sin embargo, al confeccionarse la documentación utilizada para el ingreso al país, la mercadería era declarada como carbonato de calcio. Así, el circuito formal argentino no reflejaba lo que realmente transportaban los contenedores.

La diferencia económica era sustancial: un cargamento textil debía afrontar tributos y controles muy superiores a los de un mineral como el carbonato de calcio. Por eso la fiscalía estimó que el perjuicio fiscal fue de varios millones de dólares.

 

La acusación no sólo pidió condenas, también pidió consecuencias. Que el juicio no termine en una sentencia simbólica, que las multas se ejecuten y que el perjuicio fiscal tenga una respuesta efectiva.

La investigación se activó a partir de inconsistencias advertidas por la Aduana en los embarques: pesos, tipos de mercadería y patrones repetidos en distintas operaciones. La sospecha derivó en la apertura física de un contenedor en el puerto. Allí se encontró mercadería textil, pese a que había sido declarada bajo otra categoría. Para la acusación, ese hallazgo permitió reconstruir la mecánica aplicada en los restantes ingresos.

Entre los elementos valorados por la fiscalía aparecen correos electrónicos con instrucciones sobre documentación de embarque, diferencias entre conocimientos de embarque madre y los emitidos en la Argentina, y documentación secuestrada durante allanamientos realizados por Gendarmería y la Aduana, con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo de Pablo Yadarola, y de la fiscalía de Pablo Turano.

El vínculo con la investigación de Aguinsky no es un dato menor. El mes próximo se cumplirán dos años desde que el juez elevó a juicio la causa principal, de la cual este caso funciona como una derivación. Ese expediente madre, identificado con el número 529/2016, fue investigado por Aguinsky junto con Gabriela Ruiz Morales y la PROCELAC. Espera el juicio oral y pùblico junto a casi 100 imputados, entre personas fìsicas, jurìdicas y decenas de funcionarios aduaneros.

Más allá de los pedidos concretos de pena, el alegato incluyó otro punto relevante: la situación de las sociedades involucradas. La fiscalía solicitó el retiro de la personería jurídica y la cancelación de la inscripción comercial de TT Cargo S.A. y Cuiper S.A., señaladas como parte del entramado utilizado para ejecutar la operatoria.

Pero el centro del planteo fiscal estuvo también en la eficacia de la respuesta penal. Pérez Barberá advirtió sobre las demoras para ejecutar multas y consecuencias patrimoniales en este tipo de procesos, y reclamó un control judicial estricto para que las sanciones no queden reducidas a una declaración formal.

En otras palabras, la acusación no sólo pidió condenas. También pidió consecuencias. Que el juicio no termine en una sentencia simbólica, que las multas se ejecuten y que el perjuicio fiscal tenga una respuesta efectiva.

El proceso se presenta, así, como una causa testigo dentro de un conjunto más amplio de expedientes por maniobras aduaneras que tuvieron su origen en la investigación encabezada por Aguinsky. No sólo se discute la responsabilidad penal de los acusados, sino también la capacidad del sistema judicial para responder a estructuras complejas de contrabando, documentación falsa y perjuicio fiscal de gran escala.