11 de May de 2026
Edición 7451
Próxima Actualización: 12/05/2026
Un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) reveló que el 54% de las demandas recibidas durante 2025 a través de sus líneas telefónicas gratuitas por parte de personas privadas de la libertad en cárceles federales estuvieron directamente relacionadas con el acceso a la justicia y a la salud.
De un total de 399 llamados que generaron 574 reclamos, 146 correspondieron a barreras para acceder a la justicia y 149 a problemas de atención médica intramuros.
Los reclamos por acceso a la justicia incluyeron dificultades para comunicarse con defensores, insuficiencia de recursos de la defensa pública, obstáculos administrativos y temor a represalias.
Según los datos, el 95% de las comunicaciones (379) provinieron de establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), mientras que el resto se registró en comisarías y servicios penitenciarios provinciales.
La mayor concentración de llamados se registró en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y el II de Marcos Paz, ambos en la provincia de Buenos Aires, y en el CPF V de Senillosa, en Neuquén. Por género, el 93% de los comunicantes fueron varones, el 4% mujeres y el 2% personas travesti-trans.
Además de los reclamos por salud —principalmente fallas en la asistencia médica intramuros en penales con infraestructura hospitalaria— y por justicia, otros motivos frecuentes fueron las condiciones materiales de detención (44 casos), el pedido de cambio o permanencia en el lugar de alojamiento (35), trabajo o educación (29), vinculación familiar (26), malos tratos del personal penitenciario (23) y situaciones de aislamiento (20).
En total, la PROCUVIN realizó 588 gestiones: 301 informes ante dependencias judiciales, 191 pedidos de intervención al SPF, 58 comunicaciones telefónicas directas y 23 denuncias penales, entre otras acciones.
Los reclamos por acceso a la justicia incluyeron dificultades para comunicarse con defensores, insuficiencia de recursos de la defensa pública, obstáculos administrativos y temor a represalias.
En cuanto a la salud, se destacaron las limitaciones para recibir atención clínica, que representaron el 95% de esos casos.
El informe también registró 83 situaciones de violencia o conflictividad intramuros, de las cuales el 30% fueron métodos de protesta (como huelgas de hambre o incendios), el 28% malos tratos del personal penitenciario y el 24% vinculados a aislamiento solitario.
La PROCUVIN subrayó que estas líneas telefónicas funcionan como un mecanismo clave para identificar y mitigar vulneraciones en contextos de privación de libertad, donde el Estado actúa como garante de derechos.